Por segundo día consecutivo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) no aceptó la participación de representantes de organizaciones sociales, de cívicos y plataformas ciudadanas en la reunión de “socialización” del próximo censo. Sucedió ayer en Cochabamba, la
segunda parada, después de Oruro, en la gira nacional que realizan los técnicos del Gobierno.

Esta ronda de explicaciones debe tocar suelo cruceño el próximo 15 de agosto y Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm),
solicitó que ese encuentro sea “totalmente abierto y transparente para que la población conozca las explicaciones del INE y el cronograma de actividades del
censo de población y vivienda”. 

La autoridad académica, quien además es presidente del Comité Interinstitucional que promueve la gran encuesta para 2023, dijo que se solicitará la transmisión de esa reunión a través de la señal abierta del canal de la Universitario. 

Así, Cuéllar quiere que participen representantes de las instituciones de Santa Cruz, además de autoridades electas de todas las fuerzas políticas de esta región.

El lunes en Oruro, hubo quejas de asambleístas que no pudieron participar de esa reunión. En esa “mesa técnica” estuvo el rector de la Universidad Técnica de Oruro, (UTO), Augusto Medinaceli, la directiva de la Asociación de Municipios de Oruro (Amdeor), además del alcalde de la ciudad capital, Adhemar Wilcarani.

La autoridad edil explicó que se analizó la participación de universitarios en el proceso censal, mientras el INE se comprometió a enviar, luego, la documentación sobre la reprogramación de la gran encuesta. En la cita no se conoció el nuevo cronograma del censo, pero se firmó un acta en la que los asistentes respaldaron su realización entre mayo y junio de 2024, tal como señala el decreto 2467 que aprobó el presidente Luis Arce el 13 de julio.

Esa norma delegó al INE la definición de la fecha exacta del censo, pero en 2024. Se prevé que se proyecte ese paso al término de las “reuniones técnicas” que se realizarán en el curso de estas dos semanas en todo el país.

Este proceso de “socialización” que desarrolla el Gobierno no dio señales de ajustar la fecha ante el pedido de la institucionalidad cruceña que demanda que el censo se haga en 2023 y no 2024; esto para agilizar el nuevo pacto fiscal que, con las cifras oficiales de habitantes y niveles de pobreza, permitirá la asignación de recursos a municipios y departamentos.

Ayer, en Cochabamba, también hubo restricciones de acceso a la reunión con el INE. El presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Apolinar Rivera, informó que cuando quiso acreditarse le dijeron que los términos de estas reuniones ya fueron definidos en las reuniones que tuvo el presidente Arce con los alcaldes y, posteriormente, con los rectores de las 11 universidades públicas del país.

“Solamente será con ellos y sus equipos técnicos. Después de eso, se hará la socialización con el resto de las organizaciones, pero no nos han dicho cuándo”, explicó.

Rivera recordó que su organización promueve que el censo se haga en 2023. Si se aplica en 2024, dijo, el pacto fiscal puede retrasarse hasta 2027 y la nueva asignación de escaños en el Legislativo en 2030; esto porque en 2025, cuando se entreguen oficialmente los resultados del censo será un año marcado por la diputa electoral por la Presidencia del Estado.

“En realidad, lo que pasó en Oruro es lo mismo que sucedió aquí (Cochabamba) y eso va a ocurrir en todo lado. Son mesas técnicas que van a discutir el tema de censo con municipios fruto de la reunión que tuvieron con el presidente y los alcaldes”, señaló. Observó, así, la puesta en escena de una estrategia de dilación.

“Lo que pasa es que ellos, el Gobierno, el MAS y las alcaldías que le son afines ya decidieron la postergación y lo que están haciendo ahora es justificar esa decisión con esas reuniones para mostrar un supuesto consenso que es aparente”, puntualizó el cívico.

Tras la reunión que ayer sostuvieron en Cochabamba, los especialistas del INE viajarán el viernes a Tarija y, según la agenda, el 15 aterrizarán en Santa Cruz. El 16 estarán en El Alto y un día después, en La Paz. Las organizaciones de la sociedad civil de ambas urbes también plantean la necesidad de llevar adelante el censo en 2023 y “compensaciones” económicas para atender las necesidades de la población, pero su participación en esas mesas técnicas no fue confirmada.

La gira del INE continuará el 19 de agosto en Cobija; el 22 llegará a Sucre, un día después arribará a Potosí y el 25 instalará la mesa de diálogo en Trinidad, donde cerrará esta “socialización”.

El vicerrector de la Uagrm, Reinero Vargas, explicó ayer que la postura de Santa Cruz es buscar un diálogo técnico con el INE. Ofreció las instalaciones de la Universidad para el desarrollo del diálogo. Dijo que, hasta ayer, no habían recibido confirmación por parte del Gobierno para esa cita.

“No tenemos el lugar exacto. Si ellos gustan puede ser en la universidad o en otro lugar. No tenemos inconveniente. Queremos que sea transparente y abierto. A veces, cuando se negocia entre cuatro paredes, salen cosas que no es lo que la comunidad y la sociedad pide, por eso, que las negociaciones deben ser abiertas
y todos estemos invitados”, además para que “esté la prensa, con la distancia respectiva”.

Pero el alcalde de El Torno, Hediberto Cuéllar (MAS), que preside la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), tiene mayores certezas. Recibió la confirmación del arribo de la comisión del INE y, además, aseguró que este encuentro se realizará en la sede de su institución. “El 15 (de agosto) tenemos una reunión,
que es fruto de la carta que hemos enviado al INE para que explique, tanto técnica y jurídicamente, el motivo de la postergación del censo. Esa reunión será acá, en instalaciones de Amdecruz”, dijo.

Esta institución, que agrupa a 55 alcaldías de Santa Cruz (60% bajo control del MAS), celebró el 20 de julio un congreso extraordinario que concluyó con la solicitud de una evaluación técnica para hablar de una fecha “lo más pronto posible” para el censo.

En esa línea, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, también apunta a la reunión con el INE, prevista para el próximo lunes. Se reunió ayer, en
instalaciones de la Quinta Municipal, con los alcaldes de Amdecruz para preparar la mesa técnica. En la reunión, abierta a los medios, Fernández y su equipo técnico
presentaron los alcances jurídicos de la “cartografía urbana” que se hizo en su administración. 

Aclaró que se la hizo en siete meses con el aval y las correcciones del INE. Planteó la necesidad de crear un equipo técnico para apoyar el proceso censal y otro,
por parte de las autoridades ediles “para que hacer un seguimiento” a cada a etapa que haya definido
para concretar el empadronamiento. No obstante, el INE aun no hizo pública la ruta crítica.

“Aquí está la cartografía de Santa Cruz de la Sierra y si trabajamos en conjunto, en tres meses ya los alcaldes de los municipios van a tener listas sus cartografías (que es) parte primordial para la etapa pre-censal”, manifestó la autoridad edil en ocasiones anteriores.

En marzo de este año, dijo que la municipalidad cruceña presentó la cartografía a la entidad estadística y resaltó la importancia de trabajar de la mano con los diferentes municipios “dejando de lado las acciones políticas que solo buscan dividir a la región”.

La alusión de la autoridad fue al Comité Interinstitucional del Censo que promovió el segundo paro de actividades entre el lunes y martes. Jhonny, que no acató esa medida, recalcó que se deben juntar las propuestas para esquematizar una ruta crítica y exponerlas al INE, pero antes los municipios deben exponer los estados de sus respectivas cartografías y así elaborar una agenda de trabajo para concluir con los trabajos técnicos.

Todo este trabajo debe ir acompañado por el INE, según Fernández, y se debe definir con qué municipios empezar las labores.

La Federación de Asociaciones Municipales (FAM- Bolivia) también participó de la reunión para apoyar las actividades y trasladar la experiencia al resto del país

Evaluación
Tras el paro de 48 horas, el Comité Interinstitucional del Censo se reunirá, en el curso de las próximas horas, para evaluar el estado de la demanda regional por “un censo oportuno y transparente” en 2023.

El rector Cuéllar dijo que aún no ha visto una “voluntad política” de parte del Gobierno para poder hacer el censo. Solicitó información al INE desde febrero, cuando no había conflicto, y cuando estaba vigente la fecha del 16 de noviembre para celebrar la encuesta.

“No quisiera pecar de pesimista, pero esas mesas técnicas que se van a dar en los diferentes departamentos será un saludo a la bandera. No son los conceptos básicos o el marco normativo del censo el centro del asunto. Lo que el pueblo quiere conocer es el cronograma que ha diseñado el INE con el Ministerio de Planificación; queremos conocer el sustento técnico para postergar el censo hasta 2024”, afirmó y lamentó que el Gobierno no respondió a la propuesta técnica de la Uagrm.