El primer día del paro de 48 horas en Santa Cruz, por la realización del censo en 2023, ha dejado como saldo excesos de violencia que, paradójicamente, han sido promovidos por el Gobierno y grupos de choque masistas. Igualmente, en La Paz la protesta de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) estuvo signada por un elevado grado de confrontación.

En el caso del paro cívico cruceño, ha llamado la atención que un ministro se hubiera dedicado a “romper” la huelga. Fue sorprendente constatar, mediante los reportes periodísticos e imágenes, que el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, encabezara a grupos de choque masistas que recorrieron la capital oriental con el propósito de levantar los puntos de bloqueo, lo cual causó enfrentamientos, afortunadamente sin consecuencias funestas que lamentar; también se registraron roces en el populoso Plan 3.000, que por suerte tampoco terminaron con personas heridas. 

No es aceptable que un Ministro asuma el rol de reprimir, con el auxilio de sus correligionarios dispuestos a ejercer violencia, una manifestación ciudadana de protesta, garantizada por la Constitución Política del Estado. El Gobierno es intolerante con las marchas ciudadanas y es usual que mande a sus militantes a reprimir estas expresiones legítimas de impugnación al poder. La demanda cruceña de no diferir el censo hasta 2024 es razonable, porque busca establecer las condiciones para una mejor redistribución de los recursos de coparticipación tributaria y de la representación en la Cámara Baja según criterios poblacionales, pero también reclama que las elecciones de 2025 no se lleven a cabo con las cifras ya obsoletas del cuestionado censo de 2012. El Ejecutivo no escucha estos pedidos y ha acelerado su proceso “técnico” de difusión por las regiones, con el que intenta silenciar las críticas justas a la postergación excesiva del empadronamiento. 

El otro conflicto que causa preocupación es el que protagonizan Adepcoca y el grupo de cocaleros -amparado por el oficialismo-, que pretende establecer un mercado paralelo e ilegal para la hoja que se produce en la región yungueña. La intención a todas luces ilegal de crear otro mercado, no contemplado en la ley que regula la producción de coca, es impulsada por cocaleros vinculados al MAS; la Policía, que debería reprimir la ilegalidad, en este caso, paradójicamente, protege a quienes buscan establecer un mercado al margen de la ley; la confrontación crece, al extremo de haber dejado ayer a un herido por un cachorro de dinamita en terapia intensiva. Las protestas, según Adepcoca, se intensificarán, por lo cual es previsible que la violencia se desborde.

El Gobierno, en lugar de movilizar a sus partidarios para que debiliten el paro en Santa Cruz y de emplear a la Policía en la defensa de un mercado ilegal de la coca, debería buscar efectivas vías para el diálogo, con el fin de evitar una escalada de la violencia con más personas heridas. Pero al parecer el diálogo está lejos para quienes la política consiste solamente en derrotar al adversario, considerado invariablemente como enemigo.