Con la misma unción y patriotismo de siempre, los bolivianos acabamos de celebrar los 197 años de nuestra independencia. Los desfiles, los programas de homenaje y la tricolor nos han recordado una vez más el orgullo de ser bolivianos, y el anhelo de construir una patria libre, justa y unida en su diversidad.

Como una concesión a esta fecha conmemorativa, se postergaron los bloqueos y los avasallamientos en Santa Cruz, y los enfrentamientos en La Paz, sin embargo, la tregua duró apenas dos días porque los conflictos han retornado, con su secuela de violencia e intolerancia.

La celebración del 6 de agosto, sirvió también para escuchar el mensaje protocolar y exitista de nuestros gobernantes, que poco tienen que ver con la realidad de la mayoría de los bolivianos. El discurso oficial ha descrito un país con tranquilidad y paz social, economía boyante, empleo, libertades y derechos garantizados, omitiendo una necesaria autocrítica por las complicaciones de la gestión, y eludiendo referirse a los grandes y crecientes problemas de informalidad, inseguridad, trabajo precario, corrupción y crisis de la justicia.

Pero el problema no es solo del gobierno nacional ni se circunscribe a esta gestión. La brecha que, desde hace años, separa a los ciudadanos de la clase política, es cada vez más ancha, y se amplía por la desconfianza de los unos y el desconocimiento de los otros. Los políticos bolivianos, casi sin excepción, han perdido tanto la capacidad de escuchar que ni siquiera pueden oír sus propias voces; han renunciado a ver la realidad de la gente y se han construido mundos virtuales donde solo existen juegos de poder, sin leyes ni moral, sin responsabilidades ni compromisos.

El Parlamento Nacional, cuya función es elaborar las normas que garanticen el cumplimiento de la Constitución, representar los intereses de todos los bolivianos, y vigilar la transparencia de la administración del Estado, se ha convertido en una entidad anodina y deslucida, sin más independencia que la voluntad de los líderes políticos y sin más iniciativas que las que emanan del Órgano Ejecutivo.

El primer poder del Estado, donde debieran estar los hombres y mujeres más capaces y más probos, reemplazó el debate de ideas, propuestas y argumentos, por los insultos y las descalificaciones entre oficialistas y opositores, y la repetición de frases propagandísticas extraídas de narrativas etéreas que reflejan un imaginario inconsistente e irrelevante.

La unidad de los bolivianos está en riesgo nuevamente, por la irresponsabilidad de quienes entienden la política desde la mezquina estrategia de la confrontación. La beligerancia entre derecha e izquierda; buenos y malos; propios y ajenos; es parte de la conjura de los que dividen para reinar, o peor aún, de quienes creen en la fatalidad de una lucha fratricida entre hermanos como la única forma de destrabar las diferencias y los conflictos.

Las protestas sociales --algunas de ellas legítimas--, ya no buscan el beneficio de sus sectores sino el daño a sus oponentes. Los dirigentes sociales, que responden también a intereses políticos, ya no pretenden afectar al gobierno sino a la gente, y mientras más profundo el daño a la economía, la salud, la educación y la tranquilidad de las personas, lo consideran más exitoso.

El cumplimiento de la ley es un exotismo, y alcanza solo a los ciudadanos que carecen de poder e influencias, mientras se exime a los avasalladores, los violentos, los abusivos o los corruptos, si estos forman parte de los grupos vinculados al poder de turno, que controlan a los administradores de justicia.

El derecho al trabajo digno y a la libre empresa se respeta cada vez menos. El contrabando, la gigantesca burocracia, las barreras a la producción, la sobre presión tributaria, los costos salariales irracionales, los bloqueos constantes y ahora incluso la creciente inseguridad ciudadana, son barreras con las que los emprendedores deben lidiar cada día, en medio de la desatención y la indefensión totales.

Un tema tan importante para la planificación como el Censo Nacional, se ha convertido en un motivo de discordia y enfrentamiento, y nuevamente los políticos han priorizado la demagogia, el cálculo electoral, el daño al enemigo y la necesidad de reposicionamiento, para decidir medidas y acciones, que en los hechos van a significar la postergación del desarrollo y la profundización de la polarización.

Al ver en perspectiva el civismo y unidad de los ciudadanos frente al encono y la radicalidad de sus representantes; y la riqueza natural del país frente a la pobreza de sus habitantes, volvemos a constatar que Bolivia simplemente no merece tener una clase política que no represente genuinamente sus valores del patriotismo la hermandad y el trabajo.