Pese a los ataques de grupos de choque, se cumplió el primer día del paro interinstitucional que exige al Gobierno adelantar la fecha del censo para 2023. La protesta comenzó con ataques y violencia en el contexto del desbloqueo que lideró el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, quien tuvo el apoyo de maquinaria, además de efectivos de la Policía y de su colega de Gobierno, Eduardo Del Castillo.

Las fuerzas del orden se concentraron en los accesos neurálgicos al Plan Tres Mil, que despertó y se acostó, ya por la noche, con el estruendo de petardos. Hubo personas arrestadas, pero luego fueron liberadas. Entre ellas, la diputada Haidy Eliana Muñoz de la alianza opositora Creemos.

Por la mañana, al menos cuatro camionetas de la Policía se apostaron en las puertas del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el Segundo Anillo, pero allí no había movilizaciones. Esa institución es la encargada del censo y, según el Decreto 4760, debe definir el día exacto para la encuesta nacional, entre mayo y junio de 2024.

El Comité Interinstitucional pide que se anule ese decreto para discutir otra fecha del censo en 2023. Esto para agilizar el pacto fiscal y la redistribución de recursos y la reasignación de escaños.

El gobernador Luis Fernando Camacho cuestionó la forma en la que actuaron las autoridades del Gobierno. “El paro convocado por las instituciones cruceñas se cumple masiva y pacíficamente en ciudades y provincias. Según han mostrado los medios, las agresiones contra la ciudadanía que respalda el paro las generaron vehículos de la Alcaldía y grupos de choque masistas”, puntualizó.
Al evaluar la primera jornada del paro, el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, destacó la “unidad” de la población porque el paro fue acatado “plena y voluntariosamente”. Recomendó “no responder a las provocaciones”, pero “mantener la firmeza para hacer respetar nuestros derechos”.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuellar, lamentó la violencia con la que actuaron grupos apoyados por el Gobierno y cuestionó el papel que desempeñaron los ministros Montaño y Del Castillo. “Un dignatario tiene que tener nivel en su postura, tiene que estar pensando en políticas públicas que tiendan a beneficiar a todos los bolivianos y no andar con su topadora, recogiendo llantas”, afirmó la autoridad académica.

Pero, la violencia llegó hasta la casa del alcalde. Un grupo de personas lanzó petardos contra la casa de Jhonny Fenández y hay reportes de tres personas heridas que estaban en la calle por efecto de la detonación de esos artefactos. A mediodía, la autoridad edil dijo que su domicilio fue “atacado vilmente con petardos de alta potencia”y responsabilizó, por eso “a grupos mandados por Luis Fernando Camacho”.

Afirmó que el objetivo fue “destruir y dañar la integridad física y material” de su domicilio que está en Las Palmas.
Para el Alcalde, se trató de un atentado porque él no apoyó el paro de 48 horas que rechaza la postergación del censo.
“Mi hija que vive acá tiene seis meses de gestación. Si algo le pasa, Luis Fernando vas a ser culpable de lo que está pasando.

Estamos aquí, en nuestro hogar, ellos vinieron a nuestra casa a atacarnos, por lo tanto, si algo les pasa, ustedes van a ser culpables de lo que suceda. ¡Paren la violencia!”, manifestó.

Poco después de la denuncia, se puso en evidencia que la camioneta desde donde se hizo el ataque es de propiedad de la Alcaldía cruceña. Fernández ofreció imágenes del ataque pero no las presentó.

Más tarde, funcionarios municipales denunciaron que la camioneta blanca había sido robada y por la noche fue hallada por policías de tránsito.
Al final de tarde, el fiscal Róger Mariaca, informó que una de las hijas del alcalde formalizó la denuncia por el atentado contra su hogar “contra presuntos autores” y reveló que no hubo querella contra Camacho.

El presidente Luis Arce condenó la violencia contra el alcalde y envió un mensaje de solidaridad. “Condenamos la violencia que promueven los sectores de derecha radical que buscan sembrar temor en el pueblo cruceño que no está de acuerdo con los paros que lastiman nuestra economía. Nos solidarizamos con el alcalde, cuyo domicilio fue atacado por grupos extremistas”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

Camacho rechazó las acusaciones: “Ministros masistas y el alcalde Jhonny Fernández están siguiendo el mismo libreto, pues tratan de calumniar y deslegitimizar el paro”. Además, aseguró que “la institucionalidad cruceña, en la defensa de los valores democráticos y del censo, enfrentó al poder represivo de la Policía, a grupos de delincuentes contratados y a un alcalde traidor a su pueblo”.

Entre tanto, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) activó la investigación de este caso. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, dijo que se identificó a cinco vehículos que transportaban a varias personas con escudos, petarlos y bazucas caseras con las cuales amedrentaron a quienes hacían vigilia afuera del inmueble de la autoridad edil.

Entre estos motorizados también está una camioneta que estaría registrada a nombre de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por la tarde, dos funcionarios de la alcaldía cruceña llegaron hasta las oficinas de Diprove para denunciar el robo de ese vehículo, aunque nadie detalló las circunstancias.

El vicepresidente del Comité Civico, Fernando Larach, afirmó que “la Policía debería investigar un posible autoatentado”, activado con la finalidad de desprestigiar la protesta que concluirá hoy.

Ayer, el concejal Juan Carlos Medrano, de la alianza opositora Comunidad Autonómica (C-A), fue agredido por seguidores del MAS, quienes se movilizaron con Montaño para desactivar la protesta, según denunció este representante. “El ministro estaba a unos pasos, mientras me lanzaban objetos y me empujaban. Estaba hablando con la prensa”, dijo y lamentó que policías hayan protegido a los agresores.

Ya en horas de la noche, hubo otros enfrentamientos en la zona El Mechero y la Campana del Plan Tres Mil. Activistas de esa zona y la Policía volvieron para desbloquear los accesos a esa populosa ciudadela cruceña.

En el resto de la ciudad, la jornada fue más tranquila y las calles estuvieron prácticamente desiertas. Negocios, restaurantes y bancos abrieron, pero no hubo gente. Los micros replegaron sus unidades y no prestaron el servicio; varios mercados atendieron, pero tampoco llegaron los compradores.

Tal como lo había anunciado el alcalde Fernández, el trabajo en las entidades ediles fue normal. El burgomaestre divulgó, desde sus cuentas en redes sociales, un video en el que se lo ve con varios de sus colaboradores en una reunión para evaluar la reconstrucción del mercado Mutualista, devastado por un incendio.

Desde La Paz, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, señaló que, durante el primer día de protesta, el 90% de las actividades se desarrollaron con normalidad. “Hemos visto normalidad en diferentes sectores de Santa Cruz, hay puntos de bloqueo, pero no en la totalidad del departamento. Lo que la población dice es que no quiere detener el país, quiere seguir trabajando”, puntualizó Alcón.

El ministro Del Castillo dijo que ayer “hubo 30 bloqueos esporádicos” que movilizaron “a no más de 700 personas”. Aseguró que este martes se mantendrán las tareas para garantizar el derecho ciudadano trabajar y evitar la violencia.

“Santa Cruz es cosmopolita y el turismo significa uno de sus principales ingresos, por lo tanto, no podemos dejar que algunos ciudadanos quieran ensuciar y destrozar el ornato público”, apuntó, luego, el ministro Montaño, quien evitó referirse a la demanda del censo. Eso sí, acusó a Camacho de estar detrás de un plan de desestabilización contra el Gobierno.

Larach, afirmó que el “paro fue contundente a pesar que dos ministros llegaron para pagar vándalos y usaron recursos públicos para movilizarse. No sé qué ciudad está evaluando el Gobierno. Me atrevería que decir que hay un 90% de paro”, señaló y lamentó que la Policía haya protegido, por ejemplo, a las personas que agredieron al concejal Juan Carlos Medrano.

El Comité Interinstitucional que promueve un censo oportuno y transparente para 2023 se reunirá para evaluar el alcance y los efectos del paro de 48 horas que comenzó ayer, informaron por separado el rector Cuéllar y Larach.

De este modo, se prevé hacer una tercera cumbre de instituciones para definir otras medidas, aunque también están conscientes sobre las posibilidades de diálogo “técnico” que existen en el escenario de ronda de explicaciones que inició el INE ayer en Oruro.

“Abrigo la esperanza de que se puedan establecer un escenario de conversaciones”, afirmó Fernando Larach. Los especialistas del INE deben llegar a Santa Cruz el próximo lunes 15 de agosto.
El rector Cuéllar es menos optimista. Recordó que durante la reunión con el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, y los 11 rectores de las universidades públicas del país, “no se mostró una voluntad política del Gobierno para llevar adelante el censo”.

“Hemos reclamado desde el 16 de febrero por el censo. Lo hicimos por escrito y nos dijeron que era una solicitud política, nos han dicho que el censo estaba garantizado 100% para el 16 de noviembre de 2022. ¿Acaso no nos dijeron que avanzaron en 98% con la cartografía? El otro día, dijeron que era el 68%. Si lo tienen todo hecho porque no hacemos el censo en 2023. ¿Cómo podemos creerle ahora al Ejecutivo sobre el trabajo que está realizando en el tema del censo?”, apuntó Cuéllar.

La autoridad académica lamentó que hasta el momento no se haya conocido el detalle del cronograma ni el porcentaje real de la actualización cartográfica. “Hay mucho hermetismo”, afirmó.