Bolivia vivió este lunes otra jornada de violencia que dejó un herido muy grave en La Paz y varios heridos y destrozos en Santa Cruz de la Sierra. En el primer caso, el cocalero Plácido Cota Huaylluco perdió el antebrazo izquierdo y sufrió un gravísimo trauma abdominal por la explosión de un cachorro de dinamita, mientras que en el oriente varias personas resultaron heridas en enfrentamientos entre los grupos que apoyan el paro en demanda de que el censo se realice el próximo año y los que respaldan al Gobierno central que fijó la fecha para 2024.

Cuando han pasado dos días del Día de la Patria, es doloroso ver que los bolivianos se enfrenten de esa manera en las calles y, lo que es peor aún, que el Gobierno sea el responsable de ello, cuando, por el contrario, debería mantener la unidad del país. Sí, el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) es responsable de esta confrontación.

Veamos el primer caso. La Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) fue fundada en 1983 para defender la producción de legal de los Yungas y durante 35 años lo hizo de esa manera, con unidad, hasta que en 2018 el MAS promovió una dirigencia paralela para neutralizar el descontento que había nacido entre los cocaleros paceños por la aprobación, un año antes, de la Ley de la Coca que benefició a los productores del trópico de Cochabamba, donde más del 90% de la producción va destinada al mercado ilegal.

Desde entonces, el oficialismo y su dirigencia paralela intentaron en al menos cinco oportunidades tomar el mercado de Adepcoca en la zona de Villa Fátima, pero en ninguna tuvo éxito. Ante su fracaso, optó por la instalación de mercados en otros lugares, uno en un ambiente de una federación de transportistas, luego en un galpón de la zona de Urujara y finalmente en una edificación en Villa El Carmen, donde ahora se producen los enfrentamientos.

Si bien esta vez no son los cocaleros masistas los que se movilizan contra los orgánicos, sino al contrario, está claro que el origen del conflicto tiene un responsable y que ésta es una muestra más de la práctica oficialista de dividir para reinar, tal como lo hizo con casi todas las organizaciones sindicales a plan de prebendas en favor de grupos dirigenciales que luego se convierten en sus operadores políticos.

Ya en septiembre de 2021 Página Siete había contabilizado que, desde 2017, este conflicto cocalero había dejado al menos 140 detenidos, 77 heridos y 7 muertos (2 policías y 5 civiles). La cifra aumenta cada año.

En el caso de Santa Cruz, habrá que recordar que fue el propio Gobierno el que hace tres meses garantizó que el censo se realizaría este año porque “todo estaba listo”. Lo hizo en conferencia de prensa el viernes 10 de junio el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, tras lo cual la estatal Agencia Boliviana de Informaciones tituló: “Gobierno reitera que el Censo de Población y Vivienda 2022 en el país está garantizado”.

En esa conferencia, el ministro explicó además que el trabajo era muy rápido debido a las nuevas tecnologías: “Estamos utilizando tecnología de punta que nos permite avanzar a pasos agigantados, muy diferente de otros censos que lo hacíamos en papel, ahora lo estamos haciendo en dispositivos móviles, lo que hace que ese trabajo sea bastante rápido”, afirmó.

Un mes después, tras una reunión con el Consejo Nacional de Autonomías, el Gobierno anunció que se decidió postergar la fecha y posteriormente la fijó para 2024, argumentando que no era posible en menos tiempo. ¿Acaso no estaba garantizado incluso para este año? Digamos que no, que Cusicanqui mintió, pero ¿acaso la moderna tecnología con que se cuenta necesita de dos años para concluir algo que ya estaba garantizado para éste?

Era obvio que las regiones más afectadas reaccionen de alguna manera a esto que parece encubrir más un cálculo político que una incapacidad real. Pues bien, el Gobierno engendró también este conflicto y lo que ahora esperamos es que ambos se resuelvan sin más derramamiento de sangre.