Si algo ha quedado claro de los debates acerca del Censo 2022 es que la parte técnica de su realización está garantizada tanto en la cartografía, como el entrenamiento del ejército de empadronadores y la posibilidad de aprobar una boleta de consenso. Asimismo, el financiamiento está garantizado con el préstamo que el Gobierno ha contraído para este fin y, por si fuera poco, las gobernaciones, alcaldías, universidades y otras organizaciones e instituciones de la sociedad, como los comités cívicos, organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras, medios de comunicación y una multitud de actores, han ofrecido su concurso en calidad de comités impulsores y control social del censo, habiendo logrado un consenso inicial para su realización el primer semestre de 2023.

Ahora bien, si los temas técnicos y financieros están resueltos ¿qué es lo que falta para aprobar el cronograma del censo? La respuesta es obvia: se requiere la decisión política del gobierno central que si bien es cierto ha realizado reuniones con los gobernadores, rectores de universidades y ha concertado la constitución de una mesa técnica con las autoridades municipales, dichas acciones han tenido carácter político más que técnico, ya que pretendió crear una imagen de acercamiento y consenso con los gobiernos autonómicos para imponer su decisión de postergar el censo indefinidamente, en detrimento de los gobiernos departamentales, municipales y universitarios.

Ahora bien, es bueno preguntarse por qué el gobierno central quiere evitar que el censo se realice en 2023, pretenda llevarlo a 2024 y hasta suspenderlo definitivamente. Ciertamente no se requiere demasiada perspicacia para desentrañar ese aparente misterio: una primera razón es que los resultados del censo serán el instrumento para transparentar el padrón electoral actualmente bajo sospecha de inflación y manipulación a favor del partido de gobierno. Otra razón no menos importante para el gobierno central es que inmediatamente se conozcan los resultados del censo no habrá forma de eludir la discusión del nuevo pacto fiscal y la redistribución de ingresos actualmente férreamente centralizados. Asimismo, saltará a la luz la necesidad de constituir un fondo compensatorio en favor de las regiones expulsoras de población, de manera que se pueda canalizar inversiones que reactiven el aparato productivo y permitan contener el flujo migratorio negativo. Adicionalmente el censo dará la pauta para la redistribución de escaños parlamentarios y el rediseño de las circunscripciones electorales sobre bases reales y con el sustento de un instrumento incuestionable.

Como se podrá ver, todas las decisiones que se requieren son de carácter político porque hacen a la profundización o al retroceso del sistema autonómico, ya que la necesidad de hacer ajustes al sistema económico vendrá de la mano del nuevo pacto fiscal; de la misma manera, es tiempo de que el partido de gobierno vuelva al cauce democrático, desmonte la maquinaria electoral acusada de fraudulenta, transparente el padrón electoral y proceda a gobernar dando mejores condiciones a las gobernaciones, alcaldías y universidades, ya que son los pilares del Estado más próximos a la sociedad, disminuyendo el centralismo tajante que todavía se practica a pesar de lo que manda la Constitución Política del Estado, que establece el sistema autonómico como uno de los caminos para el desarrollo sostenible y sustentable de Bolivia.