En cualquier país medianamente organizado realizar un censo es algo normal porque es imprescindible. Sería impensable que para saber cuántos habitantes se tiene y cuánto se necesita para “vivir bien” sus habitantes se pongan a jalarse de los cabellos y a agarrarse a patadas y puñetes.

Es como si en una familia se sacarían la enjundia por el solo hecho de ponerse a contar cuántos son para saber cuántos panes deben comprar para comer; si se pelean por causa tan elemental quiere decir que son unos perfectos idiotas o unos ladinos de primera.

Este trabajo tan importante se dirige a establecer múltiples datos para asumir políticas de gobierno y aún políticas de Estado. En un país elementalmente organizado, se sabe cuántos son, y qué necesidades se tiene y consecuentemente cuánto se requiere para “vivir bien”, inclusive los Estados más avanzados prescinden del censo porque su alta organización institucional les brinda todos los datos requeridos y los que se necesitarán en el futuro.

Hoy para realizar el acto censal se inventan tantas instituciones en el país que nos producen “laberintitis”. Aparecen siglas extrañas como la AMB, la FAM, comisiones, comités, asociaciones por aquí y por allá con prerrogativas convenencieras y omnipotentes, que han borrado al Congreso que era el escenario donde se legislaba y debatía sobre asunto tan importante, enfocando preliminarmente temas tan vitales como son los de salud, educación, vivienda,  fuentes de trabajo y otros. 

Hoy el manoseo partidista del censo ha demostrado que el Parlamento es una institución inservible y que para evitar malgastar en “dietas” de ociosos mejor sería suprimirlo.

Esos clubes o hermandades aparecidas que deciden por la suerte de Bolivia y se erigen en máximos reguladores del censo están conformadas por mentirosos y ambiciosos, mientras el pueblo especta con la boca abierta las animaladas que realizan, conforme politiqueros que son, arguyendo sin rubor que el censo ha sido convertido en acción política cuando debía ser enteramente “técnico” -dicen-.

El censo en su sentido amplio es una actividad eminentemente “política” entendida ésta como la “ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas”, siendo evidente que para cumplir estas finalidades se requiere del auxilio de la “técnica”, es decir, se podría decir que el censo “es el fin” y los medios para cumplirlo son “técnicos”, como la cartografía, el empadronamiento censal, etc. Consecuentemente lo principal es el fin y lo secundario es la técnica.

A su vez el censo es clave para la realización de las elecciones nacionales limpias. Si el acto censal está bien ejecutado, sin trampas, las elecciones nacionales también podrán ser correctas;  además, del censo se establecerá el equitativo número de diputados “útiles” por departamento, pero quizás lo más importante es que de un censo bien ejecutado se tendrá también un empadronamiento electoral correcto, aspecto inaceptable para los afectos al fraude.

Esta es la importante dosis política del censo que quieren ocultar algunos porfiando realizar el evento electoral en 2024, al filo de la navaja, sobre cuya base posteriormente accionar el fraude en las próximas elecciones nacionales; por eso, para maniobrar maliciosamente, quieren hacer creer que el censo es técnico y no político, aunque en este caso la “técnica” se convierte en un simple ardid de maña y mentira. Mientras más se prorrogue la realización del censo más seguro estará el próximo fraude electoral. A eso se reduce esta lucha de baja ley.