Sin que hasta la fecha obtuviera una respuesta oficial a su demanda de adelantar el censo como máximo hasta el primer semestre de 2023, una vez que el Gobierno resolvió postergarlo hasta 2024, lo cual se considera un diferimiento injustificado y excesivo, Santa Cruz ingresa hoy a un segundo paro, aunque esta vez, a diferencia del primero, de 48 horas. 

La nueva medida no ha estado exenta de los intentos del Gobierno y de sus aliados para deslegitimar la medida de presión e incluso de dividir a Santa Cruz, con el propósito de enervar la protesta regional.

Ha quedado explícita y al descubierto, por ejemplo, la posición contraria al paro por el censo en 2023 del alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, quien se ha alineado con el Gobierno y ha expresado que estas huelgas no conducen a nada y que, por el contrario, lo que se debe hacer es trabajar.

Fernández asumió esta posición contraria a las decisiones de los cívicos cruceños, tras una reunión de los burgomaestres con el Gobierno, de la cual surgió el discurso de no politizar un censo que debe ser preponderantemente técnico, y el oficialismo ha usado el alineamiento del burgomaestre para difundir la narrativa de la fractura y falta de consenso en Santa Cruz por el paro. También los grupos corporativos oficialistas han manifestado su oposición a esta protesta, en especial los interculturales que hasta hace algunas horas bloqueaban vías cruceñas en demanda de la titulación de tierras por lo general avasalladas. Los ministros, funcionarios y organizaciones afines al MAS se han volcado, prácticamente a coro, a denostar la medida de presión que comienza hoy. 

Sin embargo, Santa Cruz no ha bajado la guardia y ha ratificado la huelga. Tiene razones de peso: al ser la región que es el destino principal de las corrientes de migración interna, espera que eso se refleje en una mayor asignación de los recursos de coparticipación tributaria para atender las demandas de esa población que busca mejores horizontes en Santa Cruz, que hoy es la capital económica del país; en consecuencia, eso se reflejará en un mayor número de diputaciones. 

Desde una perspectiva nacional, mientras el censo se realice en 2023, sin más dilaciones, será más fácil llegar a un escenario que facilite el Pacto Fiscal, con el fin de evitar que entre el 75 y 80 por ciento de las recaudaciones tributarias sean absorbidas por el centralismo y su aparato burocrático macrocefálico de medio millón de empleados públicos; el censo también impedirá que las elecciones de 2025 sean regidas por las cifras obsoletas del cuestionado censo de 2012 y sus resultados permitirán cotejar si el poco transparente padrón electoral tiene o no votantes fraudulentos. 

Son horas cruciales para la región cruceña y también para el sistema político nacional. Si la postergación del Gobierno no esconde la intención de ejecutar lo que ya se conoce como el “fraude demográfico”, entonces, ¿por qué no realizar el censo en 2023?