El grupo de juristas independientes ha propuesto una verdadera transformación judicial. La hoja de ruta busca la reforma constitucional, vía referéndum y, por tanto, se trata de un proceso complejo que necesita del apoyo ciudadano. El anteproyecto constitucional luce completo e impecable y contiene la exposición de motivos, el contenido y el texto constitucional, las posibles preguntas al ciudadano.

            En la línea del informe del relator de la Organización de las Naciones Unidas, Diego García-Sayan, los proyectistas diagnostican los siguientes problemas capitales: La mantenida injerencia política en la administración de justicia; La persistencia de patrones de persecución política-judicial; La exigüidad del presupuesto judicial; La falta de acceso a la justicia dada la escasa cantidad de jueces y fiscales; La secundarización de la justicia indígena originaria campesina; El abuso de la detención preventiva y el hacinamiento carcelario; La inestabilidad laboral de los jueces y la falta de carrera judicial; La politización del nombramiento de las Altas Cortes; La corrupción transversal en los niveles judiciales; La impunidad de los delitos, especialmente en el caso de los feminicidios, entre otros.

            El referido informe internacional es terminante en el sentido de que una justicia independiente y accesible es central para la vida digna y el disfrute de los derechos humanos. Y Bolivia es parte de instrumentos internacionales que contienen y apuntalan las obligaciones de contar con una administración de justicia independiente, imparcial y accesible.

Los juristas independientes buscan cambiar el actual sistema de designación de las principales autoridades judiciales. La idea fundamental es despojar a la Asamblea Legislativa de la potestad que tiene que hacer la preselección de candidatos y, por este procedimiento, lo que ha conseguido el partido gobernante (dado que tiene mayoría y controla el poder legislativo) ha sido tener el control de las autoridades judiciales.    

La propuesta de los juristas busca reformar la Constitución para introducir una “Comisión Nacional de Postulaciones”, institución de carácter permanente, integrada por nueve (9) personalidades independientes, cuya designación por 10 años correspondería realizar a la Asamblea Legislativa, al sistema universitario; a las organizaciones de la prensa; al Colegio Nacional de Abogados; a la Asociación Nacional de jueces y magistrados y al Sistema Indígena Originario.

La Comisión Nacional de Postulaciones sería un órgano constitucional, con autonomía orgánica, administrativa y funcional de funcionamiento permanente, que desempeñaría las funciones de convocatoria y selección de postulantes previa comprobación pública y transparente de probidad e idoneidades y de elaborar las ternas de postulantes para la designación de las y los integrantes del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, y el Fiscal General del Estado, garantizando la paridad de género.

Las ternas que confeccione la Comisión Nacional (que serían vinculantes), se enviarían a la Asamblea Legislativa para que este Órgano del Estado proceda a la designación respectiva, por 2/3 de votos del total de los miembros. Y en la eventualidad de que los legisladores intenten bloquear o boicotear las designaciones contenidas en las ternas independientes, se tenga por designado y elegido al candidato más y mejor calificado de cada una de las ternas.

El cambio constitucional busca no sólo reconocer independencia, imparcialidad y competencia a las máximas autoridades judiciales, sino fundamentalmente fortalecer al Órgano Judicial en su conjunto. Este fortalecimiento institucional debe comenzar no solo cualificando los cargos jerárquicos, sino igualmente reconociendo los cargos vitalicios de los jueces y juezas, imponiendo exámenes de competencia y oposición, el funcionamiento real de la “Escuela de Jueces del Estado” y la evaluación periódica de forma que se instituya, con carácter obligatorio y permanente, la formación y capacitación sistemática de los jueces. Se necesita institucionalizar con urgencia la carrera judicial para terminar con los jueces a carrera. Por cierto, la seguridad jurídica y ciudadana, depende del fortalecimiento institucional, y la meritocracia del cuerpo de jueces y juezas.

La falta de independencia, imparcialidad y competencia de los jueces y juezas degrada al poder judicial, genera corrupción, pobreza, y termina poniendo en riesgo la viabilidad y sostenibilidad del Estado. La reforma judicial es una necesidad impostergable.