El departamento de Santa Cruz inicia esta semana con una nueva medida de presión demandando al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda en la gestión 2023, además de una organización transparente de todas las actividades previas a la medición nacional.
La medida fue confirmada el pasado viernes por el denominado Comité Interinstitucional Impulsor del censo en el departamento cruceño, luego del informe presentado por el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, tras asistir a una reunión entre Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Planificación y rectores del sistema público universitario.
El gobernador cruceño, Fernando Camacho, aseguró que este departamento se encuentra en puertas de una nueva lucha, esta vez, por la ejecución de un censo, cuyos datos serán la base para una nueva asignación de recursos para las regiones.
“Nos encontramos en puertas de una nueva lucha por el censo y tengo la fe que todo nuestro pueblo estará apoyando a sus instituciones, porque es una herramienta imprescindible para el desarrollo, con el censo accederemos a un nuevo pacto fiscal”, expresó.
Al respecto, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, cuestionó a las autoridades departamentales que promueven la medida señalando que en su calidad de funcionarios cuentan con un salario fijo, a diferencia de ciudadanos que necesitan trabajar cada día para subsistir.
“No piensan en gremiales y transportistas que viven del día. Les pedimos que recapaciten, no por un tema político, sino por la dignidad de la familia boliviana”, sostuvo la autoridad.
En ese sentido, anuncio que el Gobierno tomará todas las medidas para garantizar el derecho a la libre circulación de las personas que en esta jornada deseen asistir a sus fuentes laborales.
Parlamentarios de oposición aseguran que las medidas de presión son la respuesta de la población y sus instituciones a los intentos del Gobierno por imponer de manera unilateral la fecha para el censo, por lo que este paro cuenta con el respaldo de la ciudadanía. “No están coordinando con los sectores y con las regiones, están imponiendo una decisión que va en contra del progreso de los bolivianos”, afirmó el diputado Alejandro Reyes de Comunidad Ciudadana.