Campesinos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) llevan adelante seis bloqueos en las provincias del departamento y cortan así el tránsito de motorizados y personas en las rutas a Trinidad, Cochabamba y la Chiquitania por conflictos de tierras que tienen como interlocutor al Gobierno de Luis Arce.

Ascensión de Guarayos, San Ramón, Pailón, Santa María, Cerro Grande y San Miguelito son los puntos donde los campesinos se apostaron para impedir el paso en demanda de modificación del Decreto 29215, planificación de una nueva ley de tierras, análisis de tierras fiscales no disponibles y anulación de concesiones forestales.

Se trata de demandas de grupos que en varios casos son acusados de avasalladores, que no son originarios de tierras bajas y buscan que se les entregue tierras, incluso de reservas naturales que no son para cultivos. En otras palabras, quieren legalizar la invasión a los parques nacionales y que el gobierno les dé títulos de esas tierras avasalladas.

Después de tres días de bloqueos, las pérdidas son enormes y comprometen la economía de sectores productivos que comercian con carne de ganado vacuno,
porcino, avicultura, además del transporte de productos que debieran llegar al occidente del país.

Sin embargo, como ya era previsible, ni la Policía ni el Gobierno actúan en este caso para permitir el libre tránsito que ellos exigen cuando hay un paro en la ciudad, y todo porque los actores del bloqueo son movimientos afines al MAS.

El comandante departamental de la Policía, Jhonny Omar Chávez, que el día del paro cruceño por el censo decía que era su obligación hacer cumplir la Constitución en su acápite destinado a garantizar la libre circulación de personas y motorizados, no apareció en los bloqueos para hacer cumplir con la Constitución Política del Estado.

Tampoco ha salido ninguna autoridad a hacer algún cálculo para decir cuánto pierde la región y el país por cada día que duran esos bloqueos.

Con la ley que se cumple para unos, pero no para otros; con la mano dura del Gobierno que se utiliza solo cuando se trata de movimientos que no son los que él controla; con una Policía que mira con ojos políticos uno u otro movimiento para salir a detener y a desbloquear siempre que no sean de color azul, vivimos la era del descontrol y la desaparición cada vez más evidente del Estado de derecho.

Los campesinos o ‘interculturales’ movilizados lo que exigen es la legalización de los avasallamientos, la titulación de tierras que no les corresponden, la firma presidencial para figurar como propietarios de tierras que son parte de los parques nacionales. Y el país, con esas demandas, se encuentra en una encrucijada de suma cero y derrota con cualquiera de las ‘soluciones’.

Si el Gobierno da atención a las demandas de sus aliados, se habrá consumado la violación de la ley y paradójicamente también la legalización de las usurpaciones. Si el Gobierno decide no dar curso a los pedidos de los interculturales, entonces continuarán los perjuicios de los bloqueos en la región del norte de Santa Cruz.

La conflictividad diaria, la desesperanza de saber que las leyes se convierten en instrumento de control del adversario político y de no tener a quién quejarse -la justicia está perdida hace ya rato- sitúan al país en un terreno de desconcierto, incertidumbre y pesimismo. Y al parecer aún no hemos visto lo peor.