El gobierno de Luis Arce ha cerrado la discusión de la fecha de realización del censo de población y vivienda para el año 2024, pese a que en las ciudades y regiones del país existe un pedido casi unánime para que se realice en 2023.

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, ha dado a conocer un cronograma de reuniones con las diferentes regiones del país para definir únicamente aspectos técnicos, como la cartografía y el empadronamiento, dejando fuera del debate la fecha de la consulta. Por otro lado, ha definido una agenda que empieza por Oruro y deja a Santa Cruz para el 16 de agosto, pese a que en aquella región se eleva la tensión mientras se prepara un paro de 48 horas para el 8 y 9 de agosto, exigiendo justamente que el censo se realice en 2023.

La explicación a esta sordera gubernamental puede estar en la creencia de que la movilización de Santa Cruz tiene fines desestabilizadores y la idea de que “la vieja derecha golpista está queriendo sacar sus garras”, tal como lo afirmó el presidente Luis Arce en los últimos días. En esa lógica, entonces, el Gobierno no se plantea la urgencia de resolver un conflicto, sino que pone en marcha una estrategia para aplastar a un enemigo.

Sin embargo, lo que no está tomando en cuenta el Gobierno es que la demanda de un censo para 2023 no es únicamente de Santa Cruz. Hay que recordar que todos los alcaldes de las capitales fueron a reunirse con Arce con esa demanda, pero salieron con la promesa de la conformación de las comisiones.

Las autoridades repiten una y otra vez que no se debe politizar el censo, sin embargo, insisten en llevarlo a cabo durante un año preelectoral, cuando las tensiones hayan crecido, las demandas hayan aumentado y las condiciones ya no sean propicias por la excesiva politización del país.

La conclusión es que el Gobierno en el fondo rechaza el censo y, si de todas formas se llevara a cabo, no quiere que los resultados sean aplicables antes de 2025. Y, justamente esta es otra de las demandas regionales, que los resultados del conteo sirvan para que el 2025 se realicen unas elecciones transparentes, con un padrón depurado, con una distribución de escaños acorde a la nueva realidad demográfica del país y, sobre todo, con un pacto fiscal que permita una distribución justa de los recursos entre departamentos, municipios y universidades.

Nada de esto será posible si el Gobierno se deja guiar por los fantasmas de “la derecha golpista”. A juzgar por sus actos, el Gobierno se desestabiliza a sí mismo al no escuchar a las regiones porque este movimiento que ahora nace en Santa Cruz puede ir creciendo en otras regiones.