Medio: El Deber
Fecha de la publicación: jueves 04 de agosto de 2022
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, señala que se trata de “una socialización” del proceso censal y aún no da detalles sobre la ruta crítica que seguirá el proceso. Camacho ratifica el pedido para anular el Decreto 4760
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El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, señala que se trata de “una socialización” del proceso censal y aún no da detalles sobre la ruta crítica que seguirá el proceso. Camacho ratifica el pedido para anular el Decreto 4760
Llegan las explicaciones. Un grupo de especialistas del Instituto Nacional de Estadística (INE) estará en Oruro el próximo 8 de agosto, donde comenzará la ronda de “socialización” del próximo censo de población y vivienda que fue postergado por el Gobierno hasta el primer semestre de 2024.
El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, confirmó el plan de visitas que no comenzará por Santa Cruz, tal como fue una primera propuesta. Además, este 8 de agosto coincidirá con el inicio de un paro de actividades de 48 horas que puede materializarse si el Gobierno nacional no acepta adelantar el censo para 2023.
Esa demanda fue aprobada por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz que impulsa un censo transparente y oportuno. En una cumbre de organizaciones que se celebró el 30 de julio se decidió pedir ese ajuste de fechas; todo esto por la necesidad de contar con datos oficiales que permitan realizar un pacto fiscal y la reasignación de escaños en el Legislativo antes de 2025, cuando finalizará el periodo constitucional y el gobierno de Luis Arce.
Luego de Oruro, los expertos del INE estarán el 10 de agosto en Cochabamba; dos días después viajarán a Tarija y el 15 aterrizarán en Santa Cruz. El 16 llegan a El Alto y un día después estarán en La Paz. Las organizaciones de la sociedad civil de ambas urbes también plantean la necesidad de llevar adelante el censo en 2023 y “compensaciones” económicas para responder a las necesidades del crecimiento de la población.
La gira de la comisión del INE continuará el 19 de agosto en Cobija; el 22 llegará a Sucre, un día después arribará a Potosí y el 25 instalará la mesa de diálogo en Trinidad, donde cerrará la “socialización” sobre el proceso censal.
“Lo primero que hay que aclarar es que es mentira que el Gobierno nacional no tenga la voluntad de llevar adelante el proceso censal, clara muestra son los avances que tenemos y la generación de estos espacios de diálogo para socializar este proceso”, señaló el ministro, quien no anticipó detalles del cronograma o la ruta crítica que debe cumplir el INE hasta llegar al día del empadronamiento.
En todo caso, la explicación sobre el alcance y los procedimientos del censo, pero con miras a 2024, fue acordado el 27 de julio, en la reunión que sostuvo el presidente Luis Arce con los alcaldes de las ciudades capitales y El Alto.
El portavoz de la presidencia, Jorge Richter dijo, luego de ese encuentro, que fue el alcalde cruceño, Jhonny Fernández, quien “expresó su preocupación de que pueda ser Santa Cruz la primera en tener estas conversaciones”, debido al clima que se configuró respecto a la demanda de llevar adelante el censo el próximo año.
“Seguramente, vamos a seguir en esa línea de que sea Santa Cruz la primera que pueda tomar esta información y aportar también”, anticipó el portavoz en una visita que cumplió a la capital cruceña.
El ministro Cusicanqui informó ayer que esta ronda de explicaciones sobre el censo tendrá como interlocutores a los alcaldes. Por eso, se han enviado invitaciones a la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) de Bolivia y a la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB). “De esta manera, estamos dando cumplimiento a los acuerdos y consensos que se han arribado en la reunión que ha tenido nuestro presidente con los alcaldes”, afirmó Cusicanqui, quien anticipó que se trata de un diálogo “eminentemente técnico”.
“Estamos tratando de encaminarlo en ese ámbito y también atendiendo el consenso que han tenido principalmente los alcaldes, los rectores y los miembros del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) en el sentido que es necesario despolitizar este proceso censal”, sostuvo la autoridad.
El ministro dijo que el trabajo de la Comisión establecerá la “fecha última” de la encuesta nacional, que no debe superar el primer semestre de 2024. El decreto 4760 que postergó la encuesta señala que el INE debe definir una fecha entre mayo y junio de ese año.
El CNA se reunió el 11 de julio, pero el gobernador Luis Fernando Camacho no asistió a ese evento. El gobernador del Beni, Alejandro Unzueta, confirmó que ese día se pidió postergar el censo, previsto inicialmente para el 16 de noviembre, porque esa fecha coincidía con la temporada de lluvias. Aclaró que no se pidió llevar adelante la encuesta en 2024 y sugirió la necesidad de que se convoque a otra reunión del Consejo. La propuesta, lanzada la pasada semana, aún no ha sido respondida.
La agenda de visitas, que deja a Santa Cruz como el cuarto destino en la gira del INE, se complementará hoy cuando Cusicanqui y las autoridades de la entidad estadística se reúnan en La Paz. Ante este escenario, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, expresó la esperanza de poder acceder a los datos técnicos que solicitó al INE desde febrero.
“Queremos que nos demuestren que el censo no es factible antes de 2024 y muestren su fundamento”, apuntó la autoridad académica, quien además preside el Comité Interinstitucional que impulsa el censo para 2023.
La encuesta fue definida inicialmente para el 16 de noviembre, pero el INE no alcanzó a actualizar la cartografía ni terminó con el diseño de la boleta censal. El Gobierno prometió que esta semana, a casi un mes de la aprobación del Decreto 4760, se presentará el nuevo cronograma de actividades de la gran encuesta.
Los resultados del censo tienen carácter oficial y son empleados para establecer las bases de un nuevo pacto fiscal, el gran acuerdo nacional que determinará los porcentajes de distribución de los recursos recaudados de los tributos, en función de la población y los actuales niveles de pobreza.
Según las recientes proyecciones del INE, cerca de 80.000 ciudadanos llegan todos los años a Santa Cruz, una de las ciudades que más ha crecido desde 2012, cuando se hizo el último censo de población y vivienda. Así, se calcula que en esta capital existen unos dos millones de habitantes.
El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, señaló ayer que el paro será “una medida de presión necesaria” para que el Gobierno escuche las demandas.
Eso sí, señaló que hay expectativa en torno a la reunión del Ministerio de Planificación con los rectores de las universidades públicas del país. “El paro es una medida de presión necesaria, las grandes luchas que hemos tenido fueron a través de la presión, así se garantizan los derechos de la gente. Si no hubiéramos hecho paros o cabildos, no hubiéramos tenido autonomía, la esencia del cruceño es la lucha”, ejemplificó Camacho.
En una entrevista con el programa Influyentes de EL DEBER Radio, la máxima autoridad departamental dijo que se espera que el rector Cuéllar pueda plantear la demanda de la región.
Además, precisó que si el Gobierno acepta o emite alguna señal para derogar el Decreto 4760 “el paro será levantado”. Pero, según el temario revelado por el ministro Cusicanqui, la reunión de este jueves no abordará la vigencia del cuestionado decreto. “Se ha convocado a una reunión con los rectores de las universidades públicas, para tratar estos dos aspectos: la participación de las universidades públicas en la actualización cartográfica y en el día del empadronamiento”, informó.
Según la autoridad, ese encuentro se llevará a cabo como resultado de la reunión del presidente y los rectores de las universidades del sistema público, el 22 de julio. Eso sucedió tres días antes del primer paro que se hizo por el censo.
El gobernador Camacho valoró, por su lado, la iniciativa que lanzó el martes de llevar adelante la primera encuesta departamental en 8.000 hogares. Aseguró que el diseño permite una fiabilidad del 98%. “Buscamos tener un número claro para tener un parámetro frente a posible censo fraudulento. Queremos evitar que nos hagan un fraude. En 2012 nos dieron un resultado y a los pocos meses nos dieron otro con un resultado menor. No teníamos un parámetro cómo comparar”, apuntó.
Para encaminar este proceso, Camacho anunció que se enviará a la Asamblea Legislativa Departamental, un proyecto de ley que declara prioridad departamental este trabajo estadístico. Asimismo, se le asignará los recursos necesarios para llevarlo adelante. Se han previsto Bs 4,2 millones.
Con una motivación similar, el concejal José Alberti de Comunidad Autonómica (C-A) presentó ayer un proyecto de ley para la creación del Instituto Municipal de Estadística (IME). “Hay una necesidad, no solo de la ciudad de Santa Cruz, sino de todos los municipios particularmente grandes del eje central, de tener una contraparte estadística del INE; tener un instituto municipal de estadística, justamente para hacer la contraparte especializada respecto a la población y otros temas demográficos y urbanos”, apuntó el representante.
En un contacto con EL DEBER, Alberti explicó que su propuesta no trastoca la Constitución porque está vinculada con alguna de las 40 competencias municipales que están incluidas en la Ley Marco de Autonomías. Aclaró que su proyecto comenzó a ser gestado hace tres meses y que es complementario al INE y el Instituto Cruceño de Estadística (ICE) que hará el estudio departamental y que estará listo en noviembre.
