Desde el 12 de julio, cuando en el Consejo Nacional de Autonomías (CNA) prácticamente se decidió posponer el Censo hasta el primer semestre de 2024, la polémica se ha concentrado en los ingresos que las entidades territoriales perderían por la postergación de casi dos años; de aquí la idea de crear un fondo de compensación para reparar el “perjuicio” que se les iría a causar.

Poco se ha hablado, sin embargo, de la otra gran problemática que implica el Censo: la futura redistribución de escaños parlamentarios entre los nueve departamentos; la mayor preocupación aquí es que si el Censo tiene lugar en junio de 2024, acaso las cifras oficiales no alcancen a ser publicadas para ser utilizadas en el proceso electoral de 2025. El miércoles 27, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Francisco Vargas precisó que dicha redistribución tendría que estar concluida antes de que el Órgano Electoral emita la convocatoria para las elecciones de octubre de 2025. Para las elecciones del 20 de octubre de 2019, la convocatoria fue publicada a fines de mayo. Revisando la experiencia del Censo de 2012, cuando éste tuvo lugar el 21 de noviembre de 2012, sus Principales Resultados fueron publicados en julio de 2013, ocho meses después.

Con todo, ¿cuánto finalmente se moverá la redistribución de escaños parlamentarios en relación a la actual? En el caso del Senado, indica el Boletín Informativo del OEP, Distribución y Asignación de Escaños (preparado para las elecciones de 2020), se aplica la llamada “igualdad territorial”, que independientemente de su población, cada departamento elige a cuatro senadores. El problema de la redistribución de escaños según la población de cada departamento se presenta en la Cámara de Diputados.

En este punto, el OEP hace un ejercicio ilustrativo: como se ve en el gráfico 2, si solo se tomara en cuenta la población de cada departamento, 71% de los diputados (92 de 130) se los llevarían los tres departamentos del eje, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, quedando para los restantes seis 29% (38 diputados). Por esto, “para preservar que los departamentos menos poblados tengan una representación más equitativa en Diputados”, dice el OEP, se aplica el “principio de equidad”, bajo dos criterios: a) una asignación mínima de escaños a los departamentos con menor población; y, b) otra asignación a los departamentos con menor grado de desarrollo.

Usando las fórmulas que dispone la Ley 421 de Distribución de Escaños entre Departamentos (de octubre de 2013), para la elección de 2020 se vio que esa asignación mínima de diputados a los departamentos con menor población era de cuatro legisladores para cada uno de los departamentos de Potosí, Chuquisaca, Tarija, Oruro, Beni y Pando; un total de 24 diputados. (Ver el cuadro 3 adjunto)

Luego, para aplicar el criterio de “menor desarrollo económico” se acudió al ranking del Índice de Desarrollo Humano (IDH) por departamentos vigente (Cuadro 4) y se catalogó a las regiones en dos grandes grupos, uno de desarrollo humano “alto” y otro, “medio”, según se ubicaron por encima o por debajo del índice nacional (0,705), y fue ahí que se vio que el departamento de Potosí era el de menor IDH, y “siguiendo el procedimiento de la Ley 421”, señala el OEP, a Potosí se le asignó un diputado más.

Así, “a partir de la aplicación del principio de equidad, considerando los criterios de menor población y menor grado de desarrollo económico, se asignó un total de 25 escaños de los 130 que componen la Asamblea Legislativa Plurinacional”, concluye el OEP.

Quedan, entonces, por asignar 105 diputados. Éstos sí se distribuyen “tomando en cuenta la población de cada departamento y la fórmula D’Hondt de divisores por números naturales”. La distribución que “sale” aplicando la fórmula, siempre con base en las cifras oficiales del último censo (2012 para el caso), da: 29 para La Paz, 28 para Santa Cruz, 19 para Cochabamba, 8 para Potosí, 6 para Chuquisaca, 5 para Oruro, 5 para Tarija, 4 para Beni, y 1 para Pando. (Ver cuadro 5)

Llegados a este punto, el cuadro 6 que se les ofrece, amables lector y lectora, “redondea” la combinación de la asignación por población (el principio de proporcionalidad) y por equidad.

Como se puede notar, siempre la base para la distribución de escaños parlamentarios entre los departamentos es la población: solo 19% de los diputados (25) son asignados por el principio de equidad, en tanto que 81% (105) es distribuido por la población de cada cual.

Con todo, como muestra el gráfico 7 adjunto, aplicando los criterios de población y de equidad se obtiene la distribución macro un poco más equilibrada: de los 130 diputados, 76 (58%) representan a los departamentos del eje, y 54 (42%) a los seis departamentos restantes.

Como se puede notar, la “pelea por los escaños” en realidad estará en los 105 asambleístas diputados que se distribuyen por la fórmula de D’Hondt, según la población oficial que dio el último censo. La aplicación de los criterios de equidad es obligatoria.

En el cuadro 1 adjunto se aprecia que en los resultados en porcentajes, el primer lugar lo llevaba La Paz, con 27% del total, seguido muy de cerca por Santa Cruz, con 26,5%; en el censo de 2012, ambos rondaban los 2,7 millones de habitantes cada uno.

Remarcando que solo se trata de un ejercicio, para atisbar lo que puede pasar, no está demás comparar la distribución del censo 2012 con las proyecciones de población del propio INE para 2022.

Siempre advirtiendo que solo es un ensayo, se puede ver que Santa Cruz ahora sería el primer departamento en población, y con una distancia respecto de La Paz mayor que ésta ostentaba en relación a Santa Cruz en 2012. Ahora la distancia sería 28,5% de población boliviana en Santa Cruz, y 25,4% en el departamento de La Paz.

Como se puede observar, comparando las cifras de 2012 y la proyección a 2022, salvo Potosí, que baja en población de 8,2% a 7,6 % (pese a que en términos absolutos aumentó en alrededor de 100.000 habitantes), en la población proyecta para 2022 todos los departamentos tienden a participar de la torta en los mismo porcentajes que en las cifras oficiales de 2012.

En otras palabras: si habrá redistribución de escaños, muy probablemente solo sea entre La Paz y Santa Cruz, siguiendo los otros departamentos con su actual representación.

No es de menospreciar la proyección que hace el INE para 2022, pues los 2 millones más con respecto a 2012 es una tendencia histórica: como dice el INE en sus Principales Resultados del Censo 2012, en los periodos 1976-1992 y 1992-2001 (años de censo), “la población se incrementó en algo más de 1,8 millones de habitantes”; y entre 2001 y 2012, el aumento de los bolivianos y bolivianas fue de poco más de 2 millones. En cuanto a La Paz y Santa Cruz, el INE hace notar que históricamente ambos departamentos van en sentido contrario: si en 1992 Santa Cruz tenía 20% de la población, en 2012 llegó a 27%; en cambio, La Paz, de 30% en 1992 en 2012 bajó a poco más de 26%