El abogado constitucionalista César Cabrera, el abogado y periodista Julio Veizaga, el exalcalde de Totora Henry Rico y la asambleísta departamental Lizeth Beramendi desentrañaron las causas de la crisis municipal. Remarcaron que, a diferencia de Cercado, en Quillacollo la ruptura entre el Ejecutivo y el Concejo Municipal es otro factor que perjudica a la región.

Los analistas expresaron que un tema en común es el interés del Movimiento Al Socialismo (MAS) por tomar municipios. En Quillacollo, este proceso comenzó en 2005, cuando no dejó que Héctor Cartagena asuma el cargo. Luego, logró que Charles Becerra, que ganó como opositor, jure al partido. Mérida demostró por momentos pleitesía al MAS.

Al afán del MAS se añade otro factor, como la corrupción. “El principal error es la corrupción, desde el partido de Gobierno que es la gestión más corrupta, y también a nivel municipal. Pero muchos políticos ven la Alcaldía como un botín, como si fuera la oportunidad de robar”, señaló Beramendi.

Esto también está bastante ligado al “loteo político”. “Un buen equipo se forma cuando existe liderazgo. Pero, si uno lotea la administración, ahí es donde se equivoca. Se ve una excesiva politización, es decir, se entregan cargos a quienes dieron su respaldo, pero el loteo ‘A’ no conoce lo que el loteo ‘B’ hace, por temas políticos. Entonces no hay coordinación”, manifestó Rico.

A esto se suma que muchas veces a quienes entregan ciertos cargos no están capacitados para éstos. “Vemos a abogados trabajando en cargos de biomédicos o ingenieros encargados del tema legal. Sólo por querer dar pega no se fijan que la persona tenga el perfil para el puesto”, agregó Rico.

Esto provoca una desinstitucionalización de los cargos técnicos. “Las personas designadas son para objetivos específicos. Perdón si el término es muy fuerte: pero si uno entra a robar, va a designar maleantes”, dijo Beramendi.

Dinámica política

Según Cabrera, las agrupaciones ciudadanas “se han convertido en grupos de amigos que asumen los municipios. Ven esta oportunidad como una forma de salir de la pobreza. No se pensó en poner en puestos clave a personas que conozcan, sino a quienes están dispuestos a obedecer lo que el jefe diga, como una especie de caudillismo”, manifestó.

Sin embargo, estas crisis también tienen connotación política. Ven que el partido de Gobierno busca por todos los medios tener el poder en todos los niveles del Estado.

“Lo peor que pudo pasar es que el MAS tenga los dos tercios de poder. Esto generó que busquen una hegemonía en todo el país. Entonces, están detrás de aquellos que piensan diferente o podrían representar una oposición para las elecciones del 2019”, interpretó Veizaga.

Se considera que la crisis se ahonda con la manipulación de la justicia, considerada como la vía para acceder a las alcaldías. Este hecho llevó a que se catalogue esta crisis como la más fuerte desde el 92, cuando unos concejales fueron sacados en burro.

El constitucionalista César Cabrera manifestó que los dos conflictos también denotan la instrumentalización del poder jurídico.

“Se criminaliza la política y cualquier ciudadano es sospechoso”, manifestó. Beramendi considera que el MAS tiene un instrumento de extorsión: “El coptamiento judicial".

Cercado con suplente y Quillacollo la deriva

Los alcaldes electos de Cochabamba y Quillacollo están apartados de sus cargos.

En la ciudad, José María Leyes (Demócrata) enfrenta problemas por corrupción por la presunta compra con irregularidades de las mochilas escolares. En la tierra de la integración, Eduardo Mérida, está solo por su ruptura con los concejales del Frente Para la Victoria (FPV).

“En Quillacollo, el Alcalde no encuentra apoyo, es un alcalde solitario”, declaró Julio Veizaga. Se sabe que los municipios “son importantes para la política, como ejemplo está el Chapare”.

Eduardo Mérida (FPV) fue suspendido el 8 de junio por una instrucción del juez Elvis Isacc López, restituido el 16 de julio y nuevamente suspendido el 19 de julio.

En su lugar se halla Zacarías Jayta, que inicialmente estaba en la misma agrupación que el Alcalde Frente Para la Victoria (FPV), pero ahora se muestra más cercano al MAS, como el resto de los cinco concejales.

En Cochabamba, Karen Suárez (Demócratas) está como alcaldesa suplente desde mayo, luego de la aprehensión del alcalde José María Leyes por la compra irregular de mochilas. La autoridad tiene detención domiciliaria.

En medio, aparecieron dos audios sospechosos

Durante los dos procesos contra los alcaldes de Quillacollo y Cercado salieron a la luz dos audios. Ambos exponían a autoridades que deberían ser imparciales según la normativa, pero revelaron presiones políticas e intentos de favorecimiento.

El primer audio que se hizo público presuntamente es una conversación donde se escucha al fiscal departamental, Óscar Vera, intentando inducir a tres fiscales de materia a dilatar el proceso penal por el puente colapsado. El representante del Ministerio Público fue a un proceso disciplinario, pero, ante la falta de los tres fiscales con los que aparentemente conversó, fue hallado sin responsabilidad. El caso continúa en la vía penal.

Por otro lado, el segundo audio que se presentó como un diálogo entre el juez Elvis Isaac López y el Alcalde de Quillacollo refleja las presuntas presiones políticas que existen para sacar a Mérida del municipio.

En la grabación presentada por el alcalde Mérida, se revela que políticos y un viceministro del MAS le instruyeron al funcionario aceptar una demanda de acción de cumplimiento de una sentencia en primera instancia para que el Concejo elija un nuevo alcalde.

El respeto a la norma es necesario

Los analistas ven necesario que exista respeto a la norma para comenzar a salir de la crisis. Sin embargo, esto debe ser desde el nivel central, con el respeto al voto de la gente. Además de la Constitución Política del Estado.

“Tenemos varias leyes muy hermosas y bien hechas. El tema es que hay que cumplirlas y no sólo tenerlas en papel”, señaló el periodista Veizaga.

No obstante, el abogado Henry Rico indicó que, para lograr esto, es necesario trabajar en una cultura de respeto a las normas y de fomento a la formación tanto en valores y ética. Así como en el tema académico y técnico para ocupar cargos públicos.