La confrontación entre los radicales del país está ganando terreno frente a la urgencia de hacer un censo de población y vivienda en consenso con todos los actores de Bolivia. Por estos días, los rostros de ese radicalismo están representados por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, ambos hijos de la noble tierra cruceña, aunque hay que decir que no son los únicos.

La postura de Santa Cruz, de hacer el censo en 2023 y no en 2024 como lo ha planteado el Gobierno, es la que tiende a ganar consenso a nivel nacional. Alcaldes, cívicos y otros actores se han pronunciado en ese sentido, pero el Gobierno no ha dado su brazo a torcer hasta ahora y, lo que es peor, eso ha exacerbado los ánimos de la dirigencia cruceña, que de inmediato ha anunciado un paro de 48 horas si el Gobierno no anula el decreto que dispone la realización del conteo poblacional en 2024.

Lejos de buscar canales de encuentro, la ministra Prada respondió con virulencia comparando a Camacho con el narcotraficante colombiano Pablo Escobar, según dijo, porque hace listas negras para perseguir a los que no están de acuerdo con sus decisiones. Sin duda, un exceso de parte de la ministra, que no mide las palabras para dirigirse a otra autoridad elegida por voto popular.

El Gobierno ha dejado abierta la posibilidad de modificar la fecha del censo luego de que una comisión recorra los nueve departamentos del país recogiendo las posiciones regionales, trámite y gasto que pudo haberse ahorrado durante la reunión con los alcaldes, en la que había el suficiente consenso para fijar la consulta para 2023. Al parecer, no quiere ceder o no quiere hacerlo ante las presiones de las instituciones cruceñas de buenas a primeras.

Por otra parte, la institucionalidad cruceña tampoco goza de la unidad monolítica que solía tener para hacer frente al Gobierno, tal es así que el alcalde Johnny Fernández está en contra de ir a un nuevo paro de actividades y ya ni siquiera fue invitado a los últimos encuentros de los líderes cruceños. A las posiciones ambivalentes se ha sumado el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, quien no cree que se deba hacer un paro ahora que hay que atender la emergencia de los damnificados por el incendio del mercado Mutualista.

Más allá de estos golpes y contragolpes, lo importante sería que ambos sectores en pugna, en este caso el Gobierno y las instituciones cruceñas, dialoguen para para llevar adelante el censo de población y vivienda en 2023, con transparencia y manejo técnico, antes que con intereses políticos que pueden hacer naufragar un proceso tan importante.