Ante recientes procesos reactivados en contra de autoridades y denuncias de líderes políticos sobre maniobras del oficialismo para descabezar a la oposición, los analistas aseguran que los planes del Movimiento al Socialismo (MAS), hasta las elecciones del 2025, están centrados en anular posibles candidaturas y dividir más a la oposición política en el ámbito subnacional.
En las últimas semanas se conoció sobre la formalización de una nueva demanda por los hechos de 2019, esta vez en contra de líderes de oposición y exautoridades del gobierno transitorio por los supuestos delitos de alzamiento armado y genocidio durante la crisis socio-política de octubre y noviembre de 2019.
En esta denuncia presentada por el denominado “Comité Impulsor del Juicio por el golpe de Estado en 2019”, se acusa directamente a los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, además de Samuel Doria Medina y el gobernador cruceño Fernando Camacho, principales representantes de la oposición en la actualidad.
Asimismo, un fallo del Juzgado de Sentencia No. 5 del Tribunal de Justicia de Cochabamba, sentenció al alcalde municipal de esta ciudad, Manfred Reyes Villa, con un mes de reclusión por hallarlo culpable del delito de incumplimiento de deberes en la expropiación de terrenos.
La particularidad de este caso es que el proceso, reactivado por el Viceministerio de Transparencia, data de hace 25 años, por lo que la defensa de Reyes Villa calificó esta sentencia como una “arremetida judicial”, en su contra.
Ante este panorama los analistas Paul Coca y Carlos Cordero, manifestaron a EL DIARIO que estas acciones de la justicia responden a los planes del Movimiento al Socialismo con miras a las elecciones de 2025. Allanando el camino para el retorno de Evo Morales.
Cordero aseguró que los recientes fallos y acciones judiciales contra líderes de oposición, hacen notar que el sistema político boliviano se encamina a replicar las características de regímenes autoritarios en la región.
“Ganar elecciones amañadas, perpetuar gobernantes indefinidamente y eliminar opositores como candidatos, bajo todo tipo de argumentos. Los mecanismos de la justicia están siendo utilizados con fines de persecución política de adversarios y eliminación de posibles candidatos”, indicó.
Por su parte, Coca ve intentos del oficialismo dirigidos a desestabilizar la gestión y tratar de destituir a opositores que se encuentran en ejercicio de cargos públicos (Reyes Villa y Camacho), esto con la finalidad de incrementar el número de posibles candidaturas presidenciales que profundicen, aún más, la división en la oposición.
“Morales y el MAS saben que una de las razones del triunfo de su partido en las elecciones es que la oposición está fraccionada y muy dividida, y a Morales le conviene tener la papeleta llena de opositores que se peleen entre ellos y que el voto indeciso termine migrando al partido azul”, dijo.
El especialista, además, precisó que se debe tomar en cuenta que en la actualidad hay dos tipos de opositores, los que están en función pública y los que no. Las recientes acciones judiciales han estado dirigidas a ambos grupos; sin embargo, el caso de las autoridades en ejercicio de funciones es más delicado, “porque si aparece una Sentencia Ejecutoriada Pendiente de Cumplimiento, en materia penal, significa que se debe proceder con el alejamiento del cargo”, sostuvo.
Detalló que una posibilidad así, derivaría en la inmediata “pérdida de mandato” donde el propio partido de la autoridad denunciada deberá designar un interinato, mientras se convoca a nuevas elecciones, saltando así la figura del revocatorio. “El MAS tiene las herramientas para, sin necesidad de esperar un revocatorio, realizar situaciones en las que pueda recuperar ciertos espacios de poder que ha perdido”, afirmó, alertando que el oficialismo apunta a recuperar estos espacios hasta el 2025.
Al respecto, Cordero señaló que las actuales circunstancias se constituyen en amenazas a la democracia por parte de “autoritarismos del siglo XXI” cuyo fin es amedrentar a opositores para evitar el surgimiento de opciones políticas que le hagan frente a la actual administración.
“Estos autoritarismos no imparten justicia, sino que utilizan la justicia para perpetuarse en el poder y sin líderes de oposición, pues estos a tiempo de estar divididos, están amedrentados o con procesos judiciales que impiden su postulación”, indicó.
Coca finalizó, señalando que la actual realidad del país es diferente a la de otros años, esto a causa de una reducción en el aparato estatal, misma que impide al Gobierno cumplir con las exigencias de sus sectores afines que le demandan cargos en la administración pública, esto como una recompensa por su apoyo al MAS y su denominado proceso.
“Necesitan muchos más espacios de poder que significan fuentes laborales y obviamente lo que quieren mientras esperan las elecciones del 2025, es tratar de conseguir espacios departamentales y municipales”, afirmó reiterando que el partido azul se encuentra haciendo lo que mejor sabe hacer, campaña política.
La semana pasada, el expresidente Carlos Mesa Gisbert, afirmó que la última demanda impulsada por un grupo afín al MAS, en contra suya y de una veintena de personas por un supuesto golpe de Estado, se trata de “una caza de brujas, una persecución para descabezar todo vestigio de oposición y una forma más de revelar la cercanía del MAS a las dictaduras de Nicaragua y Venezuela”.
De la misma forma, tras conocer la sentencia que manda su reclusión por 30 días, Reyes Villa aseguró que se trata de una acción totalmente política. “Uno no entra a la cárcel por un mes, el tema es cómo evitar que Manfred siga en la Alcaldía, pero eso no va a ocurrir, vamos a tomar todos los recaudos para que el pueblo cochabambino haga un seguimiento pormenorizado, porque se le hace daño al desarrollo de Cochabamba”, expresó.
Desde el oficialismo, el diputado Renán Cabezas, se refirió a los procesos impulsados contra líderes de oposición como juicios que buscan dar justicia a muchas familias que en la actualidad sufren por la ausencia de un ser querido a causa de los hechos de 2019.