A cuatro meses de que el presidente Luis Arce cumpla dos años de gestión, se puede decir que al menos aparenta diferencias con el estilo de gobernar de Evo Morales. No es confrontacional, tiene poco contacto con los periodistas y no los ataca cuando informan sobre asuntos que no son de su agrado, no es prisionero de su ego y, lo más importante, no ha dado señales (al menos públicas) de pretender eternizarse en la silla presidencial.

Sin embargo, al igual que Morales, tiene un ala radical, que de tanto en tanto se excede y hace que vuelvan a pisar tierra quienes por un momento llegan a pensar que este gobierno del MAS es diferente del que condujo el país entre 2006 y 2019.

Eso ocurrió con el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, quien la anterior semana, pensado que hablaba en un círculo partidario de confianza, atacó a su excorreligionaria y ahora alcaldesa de El Alto, Eva Copa, poniéndola como ejemplo de traición y llamándola “loca”.

Luego de dar la estocada, ensayó una excusa ridícula, dijo que así llamaba a sus amigos. Copa no es la primera mujer víctima de sus excesos. En agosto de 2021 pateó a una en el piso en medio de un conflicto y entonces justificó: “si me golpeas, te golpeo”. El asunto es que la mujer no lo había golpeado. Y a fines de 2019 lanzó una advertencia a las madres cuyos hijos se movilizaban contra el gobierno de Evo Morales: “No sé cuántas madres están dispuestas a sacrificar a sus hijos”.

No es sólo él. Sin la verborragia de Torrico, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, es también pieza de esta ala radical. Y conduce el aparato represor del Estado, que ya en más de una ocasión se ha prestado a realizar trabajos políticos.

Del Castillo, que viene de la radical Columna Sur del MAS, opera ataques contra los opositores mediante grupos de choque de militantes, funcionarios públicos y hasta policías encubiertos, tal como ocurrió, por ejemplo, en septiembre de 2021 en el conflicto de la Asociación Departamental de Productores de Coca. En esa oportunidad, vecinos de la zona de Villa Fátima identificaron a civiles encubiertos y policías actuando del lado de la organización paralela que es afín al MAS y que está dirigida por Arnold Alanes.

La anterior semana, la Policía otorgó protección al mercado paralelo de hoja de coca de Alanes, que ahora se instaló en la zona de Villa El Carmen, y una semana antes detuvo a ocho personas en una marcha de protesta de los médicos. Del Castillo denunció que se trataba de una “organización criminal” porque usaron petardos y escudos, pero no dijo nada del grupo de choque del MAS que también atacó con petardos a los movilizados e incluso con cachorros de dinamita. Luego el ministro pasó por encima de la ley y presentó públicamente a tres de los jóvenes detenidos que fueron enviados a prisión. Los otros cinco fueron liberados y luego se supo que cuatro eran militares infiltrados.

En este grupo también se encuentra el ministro de Justicia, Iván Lima, aunque con otra misión. Él se encarga de marcar línea a las autoridades judiciales, tal como hizo la anterior semana al anticipar que en la etapa de apelación se deberá ampliar la sentencia dictada por un juez contra el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, en un caso que data de hace 25 años. Además, hizo una labor distractiva con sus anuncios de reforma judicial que nunca se concretaron y, claro, ¿quién se beneficia manteniendo a la justicia inmersa en la corrupción y sometida al poder político?

Aquí también habrá que mencionar al procurador Wilfredo Chávez, que invierte más tiempo en perseguir a opositores que en la defensa del Estado, y al ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, ocupado en neutralizar al Gobernador de Santa Cruz, a quien ha pedido que vaya “de rodillas” a su casa con su renuncia en la mano.

Las alas radicales en los gobiernos del MAS son una realidad, a diferencia de las alas en equilibrio que pregonaba el vicepresidente David Choquehuanca el día en que asumió el cargo junto con Arce.