El Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), a través de la Gobernación cochabambina, impulsa 16 procesos contra el alcalde Manfred Reyes Villa, desde 2008 por un daño económico al Estado de 128,4 millones de bolivianos.

“Ese monto se recupera en la vía civil o en la vía penal una vez ejecutoriada la sentencia. La vía penal es más para perseguir el delito, no para recuperar los montos económicos. Sin embargo, es por eso que en algunos casos (o procesos) se tiene la cuantía y en otros no. Nosotros estamos persiguiendo la sanción del delito. Obviamente hay un daño económico al Estado”, asegura la directora de Asuntos Jurídicos de la Gobernación, Patricia Sánchez, respecto a los procesos que afronta el Alcalde.

Reyes Villa considera que esos procesos están prescritos, pero que se han reactivado debido a que en una encuesta de este periódico aparece como potencial candidato para 2025. Aunque él asegura que no tiene planes para la candidatura presidencial, dice que buscan inhabilitarlo o sacarlo de la Alcaldía, lo que sin embargo no sucederá mientras alguna sentencia no sea ejecutoriada.

El pasado 22 de julio el Juzgado de Sentencia Quinto del Tribunal de Justicia de Cochabamba sentenció a Reyes Villa a un mes de reclusión en el penal de San Sebastián por el delito de incumplimiento de deberes.

El caso es de hace 25 años, fue denunciado por una persona particular y se debe a una expropiación. La defensa de Reyes Villa apeló la decisión.

Los casos que ahora impulsa y a los que hace seguimiento la Gobernación masista son El Sillar alternativo, vehículos, legitimación de ganancias ilícitas, Berenguela, puente Sacambaya, 10 proyectos, Kecoma, IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos), módulo Tiquipaya, camino Vinto-Sacambaya, buses odontológicos, Cetefor, Faeco, documentos falsos, pavimento Lacma-Santiváñez y Promic, aunque este último proceso tiene resolución de rechazo (ver el detalle en la infografía).

El secretario de Finanzas y vocero de Reyes Villa, Mauricio Muñoz, aseguró que los procesos en contra del Alcalde son “inventados”, por lo que carecen de un sustento jurídico.

“Para nosotros esos juicios son sembrados, esas acusaciones son falsas. En su momento una autoridad de turno del Gobierno (del MAS) indicaba de manera contundente que ninguno de los juicios era real, todos eran inventados. Por eso, esas sentencias, esos juicios, carecen de valor alguno”, sostuvo Muñoz.

La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Gobernación facilitó documentación que detalla los 16 procesos contra Reyes Villa. Los casos fueron abiertos entre 2003 y 2013 y, según los demandantes, causaron un daño al Estado de 128,4 millones de bolivianos.

El Alcalde y exprefecto abandonó el país luego de perder las elecciones presidenciales en diciembre de 2019. Para entonces ya existía en curso casi una docena de procesos en su contra.

Desde 2010 hasta 2020 radicó en Miami, Estados Unidos, y desde allá se declaró perseguido político por el gobierno del MAS.

La posición del MAS

El concejal masista Joel Flores aseguró que la sentencia de reclusión de un mes contra Reyes Villa no lo inhabilita como alcalde de Cochabamba mientras la sentencia no sea ejecutoriada. “Mientras esa sentencia de estar en prisión, aunque sean de 30 días, no sea ejecutoriada, no se va a poder hacer nada. Él (Reyes Villa) está habilitado para ejercer como Alcalde de Cochabamba”, sostuvo Flores.

Además, el concejal masista está convencido de que la sentencia se va a “dilatar” por los recursos de apelación que presentó la defensa del Alcalde.

El Juzgado de Sentencia Quinto dispuso la reclusión de 30 días contra Reyes Villa, que debe ser cumplida en San Sebastián. Una sentencia de esa naturaleza, en los hechos, no implica el encarcelamiento de la persona.

La denuncia fue presentada por el exalcalde Edwin Castellanos, también del MAS, en 2013.

La Constitución Política del Estado dice que las personas con sentencia ejecutoriada, pendiente de cumplimiento, no pueden postularse a cargos públicos.

El artículo 234 precisa que para acceder a un cargo público “no debe tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada (...) pendientes de cumplimiento”.

Muñoz aseguró que en dos semanas se reactivaron los procesos y que en este último caso en una audiencia maratónica se dictó sentencia.