Es justo reconocer que las recientes reuniones convocadas por el presidente Arce a gobernadores, alcaldes y otras autoridades, constituyen un paso promisorio hacia la preparación del Censo de Población y Vivienda en términos que aseguren su calidad técnica y su equilibrio político.

Cabe señalar sin embargo que la información transmitida por algunos participantes en tales eventos ha dejado dudas sobre el carácter vinculante de los acuerdos alcanzados. No conviene, en efecto, que los resultados de las reuniones sean presentados por el vocero presidencial, y que más pronto que tarde algunos participantes consideren necesario explayar sus propias puntualizaciones, aclaraciones y comentarios sobre lo acordado o no. En vista de la importancia y la necesidad de consolidar la confianza inicial que se ha logrado, sería muy recomendable que dichas reuniones culminen con un acta formal que contenga los antecedentes del debate y los acuerdos alcanzados.

El tema que ha quedado aparentemente sin tratamiento en las mencionadas reuniones es el de la postergación del Censo hasta mediados de 2024. La demanda de que el Censo se lleve a cabo a mediados de 2023 está vinculada casi exclusivamente con la expectativa de recursos financieros que aspiran recibir gobernadores, alcaldes y rectores de las universidades públicas. No basta con transmitir en medio de otras materias un mensaje por los medios de comunicación de que el Censo no es para eso. Es preciso, en cambio, dejar claramente establecida la situación al respecto, en vista de que existen normativas vinculantes en la propia Constitución Política del Estado y en la Ley Marco de Autonomías.

Existen también otros argumentos que pueden esgrimirse para llevar a cabo el Censo en 2023 y no en 2024. Sin perjuicio de que algunos países latinoamericanos también hubieran postergado sus respectivos censos por causa de la pandemia u otros motivos, en el caso boliviano se tiene que tomar en cuenta que el segundo semestre de 2025 estará caracterizado por dos eventos de la máxima importancia para nuestra sociedad y sus autoridades políticas.

Se trata, en primer lugar, del Bicentenario de la Independencia que se conmemora el 6 de agosto de 2025. Se requiere para tal efeméride una preparación de documentos alusivos a la situación del país, cuya caracterización estadística tiene que estar apoyada por cifras actualizadas y confiables.

Por otra parte, en octubre de ese año se realizarán probablemente las elecciones generales para presidente, vicepresidente y miembros de la Asamblea Legislativa. También para tal efecto se requieren por supuesto datos demográficos y territoriales actualizados y compatibilizados con el padrón electoral.

Por consiguiente, es probable que ambos eventos no contarían con la información completa y oportuna en caso de que el Censo se lleve a cabo a mediados de 2024.

Tampoco es un problema menor que se tuviera que actualizar la cartografía, con miras a incorporar los datos de los cambios de situación que se presenten en el curso de los próximos dos años.

Por todo esto, el cronograma preciso de actividades constituye uno de los requisitos principales para evitar que sea la presión política y social la que lleve a decisiones que puedan perjudicar la tarea preparatoria, o que el despliegue de las presiones destruya el ambiente de confianza que debe prevalecer a la hora del empadronamiento de todos los hogares del país.

Por último, entre las recomendaciones de los organismos latinoamericanos también se encuentra la conveniencia de conformar un consejo consultivo compuesto por un conjunto plural de personalidades, expertos y representantes sectoriales y territoriales, que contribuya a equilibrar los diversos intereses involucrados en la realización del Censo en todas sus etapas.