Santa Cruz ha decidido seguir la lógica sindicalista. Cumplido un paro de 24 horas, exigiendo que el Censo Nacional de Población y Vivienda se realice en 2023, ahora declara uno de 48 horas por el mismo motivo. Si sigue así, luego vendrá el paro de 72 horas y, finalmente, el indefinido, que podría dar pie a un conflicto de incalculables consecuencias.
¿Es racional esa posición? Para responder, primero repasemos las razones por las que la realización del censo es importante:
La decisión de realizar el censo en 2022 parecía técnica, si se toma en cuenta que es recomendable realizar un recuento poblacional cada diez años y el último fue el de 2012.
Ahora bien, la ejecución del Censo Nacional de Población y Vivienda es fundamental pero, como ya dijimos en este mismo espacio, la credibilidad sobre sus resultados se basa, en gran medida, por la forma en que se lleve a cabo.
La situación económica de muchas familias cambió. El mercado laboral, la salud y la educación experimentaron alteraciones profundas. Es necesario comprender la influencia de la pandemia en nuestras vidas y el censo será el instrumento propicio para indagar sobre éstas cuestiones y saber su verdadero impacto. Los bolivianos debemos participar activamente y contribuir a su realización.
La información que produzca el censo permitirá definir aspectos inherentes a la planificación y la distribución de recursos, que deriven de los resultados obtenidos. Para llegar a buen fin, el censo contempla una etapa de preparación, que resultó muy corta este año. Era necesario incluir en el proceso a las autoridades locales y departamentales y terminar un proceso muy importante, la cartografía. También era inexcusable resolver los problemas de límites, algo que no hicieron ni el Instituto Geográfico Militar ni el Instituto Nacional de Estadística.
En esas condiciones, realizar el censo este año ya no resultaba una decisión técnica y, por el contrario, se corría el riesgo de profundizar los problemas sin resolver. A partir de ahí, postergar el recuento hasta 2024 fue una buena medida.
Ahora bien, Santa Cruz quiere que el censo se realice el próximo año y ni siquiera en el segundo semestre, sino en el primero. Busca acortar tiempos para plantear lo que le interesa como el Departamento que más migración recibió: redistribuir los recursos económicos y los escaños parlamentarios. Sabe que los resultados le favorecerán, pues tendrá más recursos y diputados. Por tanto, su posición no es nacional, sino regional.
Hoy se termina julio y mañana ya estaremos en el octavo mes del año. El tiempo entre lo que queda de este año y el primer semestre de 2023 es muy corto, insuficiente para resolver los asuntos pendientes.
Por tanto, si bien no se debe respaldar la posición regionalista de Santa Cruz, tampoco se puede esperar demasiado para la realización del censo. Urge tomar una decisión equilibrada al respecto, una que no tome en cuenta la postura de una región, o dos, sino de la mayoría del país.
La nueva fecha del censo debe ser decisión nacional.
Con seguridad surgirán problemas en el camino, lo importante es que avancemos y lo hagamos en el marco de la trasparencia. La información en los censos anteriores permitió tomar decisiones que influyen en la vida cotidiana de los bolivianos. La asignación de recursos de coparticipación o las políticas públicas derivadas de la planificación son centrales. Las inversiones deben responder a criterios técnicos y el censo es una herramienta fundamental para orientar las mismas.
El gobierno nacional tiene la obligación de generar consensos porque la importancia del censo está por encima de intereses políticos… o regionalistas.
