Diez meses después de haber lanzado una convocatoria de reforma judicial, un grupo de juristas presentó oficialmente su propuesta al TSE a fin de activar un referendo, por iniciativa ciudadana, de reforma parcial de la Constitución. Se trata de una importante propuesta que debiera ser discutida. Y que debe sortear todavía un conjunto de requisitos, plazos y procedimientos.

En septiembre de 2021, una decena de juristas del país (que se autodenominan “independientes”, pero que en su mayoría provienen del campo de la oposición) hizo pública una propuesta de reforma de la justicia, cuya realización implica la modificación parcial de la Constitución Política del Estado. El mecanismo de convocatoria asumido fue la iniciativa popular. En los siguientes meses el grupo conformó comités departamentales, socializó la propuesta con otros juristas y la afinó hasta su versión actual.

En esencia, la propuesta busca modificar el sistema de selección y designación de magistrados y jueces (además del Fiscal General), con una Comisión de Postulaciones; establecer un presupuesto anual mínimo del 3% con autonomía presupuestaria del Órgano Judicial y reestructuración del Consejo de la Magistratura; y garantizar el acceso universal a la justicia revitalizando la jurisdicción indígena y mediante juzgados de paz. Para el efecto se plantea modificar 15 artículos e incluir otros dos en la Constitución.

Considerando la evidencia de crisis del sistema de administración de justicia en el país y asumiendo la necesidad de su reforma integral, la iniciativa de los juristas suma valiosos elementos de diagnóstico y propositivos para el gran debate nacional que se requiere sobre el tema. Hay otras iniciativas en curso con el mismo propósito, como los diálogos plurales para la transformación de la justicia impulsados por la Vicepresidencia del Estado y el Ministerio de Justicia con acompañamiento de Naciones Unidas.

La iniciativa de los juristas, que pretenden llegar a referendo constitucional, debe superar varios pasos. El primero es la verificación técnica que hace el TSE de las cuatro preguntas planteadas a fin de garantizar que sean claras, precisas e imparciales. Luego corresponde lograr la declaración de constitucionalidad de las preguntas. Y lo más complejo para los promotores: la recolección de adhesiones en el porcentaje previsto en la norma, esto es, cerca de un millón y medio de firmas en un plazo de 90 días.

Si todo fluye bien, la iniciativa popular para convocar un referendo tiene una temporalidad mínima de ocho a nueve meses (incluida la verificación de firmas y huellas dactilares de los adherentes). Estará muy cerca pues de la convocatoria, el primer semestre del próximo año, a la elección de altas autoridades judiciales. Lo fundamental, en todo caso, es que todos los caminos para la imprescindible reforma de la justicia confluyan en un gran acuerdo nacional con amplia participación y deliberación pública.