La injusticia tiene dos caras: por un lado el acceso a la justicia negado por la crisis institucional donde destacan problemas crónicos como la dependencia del poder político, la corrupción, la sobrecarga de trabajo y la impunidad de los violadores de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas.

Por el otro lado, se ha ido consolidando un fenómeno sobre el que no hay conciencia suficiente y que cuando los medios y “la gente” se refieren a él, recibe elogios y aplausos: se trata del populismo encarnado en una mujer que ya nos ha acostumbrado a acusar sin sustento, a agredir a funcionarios y a movilizar víctimas ante la complacencia de autoridades que la fomentan y toleran, pues saben que el show terminará pronto y volveremos a fojas cero. La “justiciera” ha pasado a ser parte del entretenimiento basura. Los dos fenómenos se alimentan de la desazón y de una anomia social donde la gente escoge entre aplaudir a quien se asigna el papel de verdugo o pagar una coima a los operadores de justicia corruptos, pues han perdido la esperanza de un cambio institucional. En ambos ámbitos ha desaparecido la presunción de inocencia y resultan culpables todos quienes tienen la desgracia de caer en la mira de jueces que no rinden cuentas o personajes que deciden por sí mismas que salvarán al mundo. Unos actúan en la sombra y la otra ilumina su andar, pero en ambos casos opera el miedo como mecanismo para el abuso.

El grupo de juristas que acaba de presentar una propuesta de reforma de la (IN) justicia en Bolivia está avanzando contra viento y marea. Ésta que es, sin duda, la necesidad básica más insatisfecha de “la gente”, como les gusta decir a los demagogos cuando se refieren a la ciudadanía. El gobierno a través de su ministrillo de justicia, así con minúsculas, ahora ocupado de inventar conspiraciones, ha fracasado por lo menos tres veces en hacernos creer que “esta vez sí” la reforma irá en serio hasta que, su invitado especial Diego García-Sayán, Relator para la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, le diera un revés confirmando lo que todos ya sabíamos, dicho con claridad por el Grupo Internacional de Expertos Internacionales (GIEI) y lo que los juristas independientes reclaman desde hace mucho tiempo. De hecho, el tema de la independencia judicial está llegando a un punto de convertirse en un engendro que busca reproducir eternamente el interinato de jueces e invalidar cualquier forma de sanción incluidas la que adopta el Consejo de la Magistratura. Recién se ha conocido un fallo constitucional que ordena restituir 38 jueces cesados por estar comprometidos en casos de corrupción a los que en vez de sancionarlos se los echó “agradeciendo sus servicios” y que gracias a esa medida volverán a delinquir. Esos jueces ya no quieren someterse a nadie y buscan gozar de la misma benevolencia que permite que continúe el pintarrajeo de paredes con el mismo entusiasmo que destruye dignidades.

La buena noticia es que la gota de agua de los juristas independientes ha comenzado a horadar la piedra y es de esperar que detrás de su propuesta, marchen todos quienes quieren sumar esfuerzos para que el referendo que proponen sea autorizado por el TSE y se alcance el millón y medio de firmas, meta ambiciosa pero posible, si consideramos que depende de la voluntad ciudadana, víctima permanente de los abusos, defectos y corrupción del Poder Judicial. Conseguir las firmas implica una amplia movilización ciudadana que, aunque difícil, no es imposible. Lo que es un desafío mayor es acabar con los usos arraigados en nuestra sociedad y que hacen que nos movamos en una cultura que combina el castigo, el miedo y la impunidad con la aparición repentina de caudillos y charlatanes. La reforma judicial debe ir de la mano de un cambio cultural y educativo para aprender a ejercer derechos y respetar a todos para que funcionen las instituciones.