No se trata, sin embargo, de una reforma judicial emprendida por el poder. Por el contrario, es una encomiable iniciativa de la agrupación Juristas Independientes, que ha trabajado arduamente durante meses y ha planteado cambios en la administración de la justicia que son imprescindibles, si se considera el estado terminal de este poder del Estado, hoy sumiso al Ejecutivo y convertido prácticamente en un aparato de persecución contra opositores y toda forma de disidencia. 

Desde el momento en que el nuevo Gobierno asumió, se conocieron las primeras promesas de reforma judicial; el actual Ministro de Justicia, recordemos, creó una comisión de juristas notables, en un intento de modificar el inaceptable actual estado de cosas dentro del ámbito judicial; sin embargo, cuando todo parecía estar a punto para emprender tales modificaciones, con el fin de librar de sus conocidos y sempiternos vicios a los estrados judiciales, misteriosamente el entusiasta Ministro fue frenado en seco. A partir de ese momento, se ha convocado a dos cumbres para reformar el aparato judicial, ambas fallidas, y al menos tres propuestas —si no son más— quedaron truncas. La única explicación, si se reflexiona sobre el porqué de tantos fracasos, es que el Gobierno no tiene la voluntad política de emprender una reforma, ni siquiera cosmética, de la justicia, porque de lo contrario no tendría bajo su control a jueces funcionales y dóciles a sus propósitos políticos. 

Por suerte, un grupo de juristas tomó a su cargo esta tarea de competencia del Gobierno y se propuso organizar un movimiento ciudadano para la reforma judicial. Poco a poco, y con perseverancia, estos profesionales en leyes lograron crear comités regionales que debatieron sobre las mejores y más efectivas vías para cambiar a la justicia. Como resultado de ese diálogo ciudadano y democrático, encontraron que la forma más adecuada de ejecutar efectivos cambios es la iniciativa ciudadana que franquea la Constitución Política del Estado como mecanismo de reforma parcial de su contenido.

El eje de la propuesta es eliminar el actual sistema de elección de magistrados mediante voto directo, profundamente democrático en lo retórico, pero que en los hechos no lo es, porque es el Legislativo el que aplica una criba política a las ternas de candidatos, para dejar en pie sólo a aquellos que comulgan con el partido gobernante; los juristas expertos plantean el funcionamiento de una Comisión Nacional de Postulaciones que elabore esas ternas, fundamentadas en criterios meritocráticos, para que la Asamblea Legislativa los elija por dos tercios y tales designaciones sean aprobadas o no por un referendo. Los otros tres pilares del proyecto son una mejor asignación presupuestaria para la justicia, el fortalecimiento de la justicia originaria y la creación de los jueces de paz, para aliviar la carga procesal en los tribunales ordinarios. 

El desafío es, ahora, conseguir un millón y medio de firmas para que se lleve a cabo el referendo para la reforma judicial. Desde todo punto de vista, es una propuesta que merece el incondicional apoyo ciudadano, para sacar a la justicia de su actual estado de postración y prácticas corruptas.