La reunión, el miércoles, del Presidente del Estado con las y los alcaldes de las nueve ciudades capitales más El Alto tuvo como principal conclusión el acuerdo de “despolitizar” el Censo, o al menos el proceso preparatorio, que días atrás fue extendido hasta, probablemente, el primer semestre de 2024. No solo las autoridades municipales creen que hace falta una mirada más técnica.

Fue en la reunión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA), el 12 de julio, donde ocho de nueve gobernadores departamentales aceptaron la decisión de postergar la realización del Censo hasta 2024. Se adujeron razones discutibles, como las inundaciones estacionales de fin de año en tierras bajas o la migración de trabajadores de la zafra o, incluso, la amenaza del COVID, pero en realidad poco a poco se ha ido reconociendo que el Instituto Nacional de Estadística (INE) no está preparado para realizar el proceso este año.

A la decisión del CNA, que dio paso a la promulgación de un decreto supremo postergando sin fecha el conteo de habitantes, le siguió una reunión con los rectores de las universidades públicas, donde se arribó a idéntica conclusión, incluso a pesar del rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de Santa Cruz; y, finalmente, la reunión de munícipes del miércoles, donde al parecer también hubo unanimidad.

Se ha sumado a esta posición un comité de organismos internacionales compuesto por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y Fonplata-Banco de Desarrollo, que a través del Ministerio de Planificación valoraron la postergación del Censo y hasta citaron casos similares en otros países latinoamericanos.

Quienes han decidido no avenirse a aceptar la postergación del Censo y las razones que lo justifican, son los movimientos cívicos del país, que en una reunión, también el miércoles, salieron por sus fueros con un comunicado en el que emplazan al Gobierno a atender sus razones y, luego, en declaraciones de sus representantes, descalificaron a algunas autoridades electas afirmando que no representan “al pueblo”. Es evidente que el movimiento cívico, mucho menos representativo que cualquier autoridad electa, ya tiene un caballo de batalla para los próximos meses.

Resulta, pues, evidente que hay acuerdo entre las autoridades del Estado (y no solo del Gobierno nacional) para postergar la fecha del Censo por casi dos años y emplear ese tiempo no solo para cumplir con los trabajos preparatorios, sino sobre todo para “socializar” con la población del país los diversos aspectos del trámite, cuyos resultados sirven para mucho más que redistribuir escaños legislativos o dinero de la coparticipación tributaria, aunque sin duda estos son los asuntos más importantes en el escenario político, que no puede ser ignorado.