En mayo de 2012 se aprobó la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres a raíz del asesinato de la concejala de Ancoraimes (La Paz) Juana Quispe. A poco más de una década, en el país se registraron 705 denuncias en el marco de esa normativa, de las que, en el campo penal, sólo una obtuvo una sentencia en contra del acusado.

Las 705 contabilizadas no corresponden a una década, sino a un registro que se tiene desde 2015 hasta la fecha. A lo largo de los años, se identificaron a una serie de factores que impidieron llegar a una sentencia o a un castigo en contra de los responsables del acoso o violencia política hacia las mujeres.

La abogada Jackeline Alarcón, experta en derecho internacional, derechos humanos y derechos de las mujeres, explicó que durante la aprobación de la Ley 243, no se vio la necesidad de una reglamentación, debido a que se quería agilizar y permitir que todas las instancias habilitadas trabajen de acuerdo a sus respectivos reglamentos y a los procedimientos fijados en la norma.

Sin embargo, tras la aplicación de la Ley 243, que habilita vías administrativa, penal, constitucional e incluso institucional para tratar estas denuncias de acoso y violencia política contra mujeres y dictar una sentencia, se dieron cuenta de la necesidad de aprobación de una reglamentación, la misma que fue establecida a través del Decreto Supremo 2935, recién en octubre de 2016.

Con la plena vigencia de las normas para tratar estas denuncias, acotó Alarcón, ya se cuentan con no más de una decena de fallos, de denuncias de acoso y violencia política, en la vía constitucional, referidas, sobre todo, al pago de salarios retenidos.

Sin embargo, en el campo de la vía penal, en toda esta década, sólo se emitió una sentencia, en 2021, en contra de Rafael Quispe, en un proceso que le fue instaurado por la exasambleísta Felipa Huanca, por el delito de acoso político. Quispe fue hallado culpable y condenado a 2 años de cárcel.

La presidenta de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol), Josefina Velásquez Correa, destacó el dictamen de esa única sentencia por el delito de acoso político y lamentó que el resto de las denuncias que hay en este orden no tengan avance.

Los registros de este tipo de casos establecen que en 2015 hubo 21 denuncias; en 2016, 71; en 2017, 75; en 2018, 117; en 2019, 127; en 2020, 170; en 2021, 79; y en lo que va de este 2022, 45.

Tanto Alarcón como Velásquez, advirtieron que los procesos por acoso y violencia política contra mujeres son difíciles se llevar, debido a que en algunos casos no se cuentan con las evidencias, se choca con intereses políticos, hay amenazas en contra de las denunciantes o porque se dejan de seguir los mismos.

Velásquez sostuvo que el caso más emblemático que se tiene es el referido al asesinato de Juana Quispe, el mismo que aún está impune.

En esta gestión, apuntó como uno de los casos más sobresalientes el de una concejala de Roboré, en el que incluso se llegó a la violencia física con el alcalde de ese municipio. Indicó que este caso se encuentra en la justicia ordinaria.

Velásquez, por su lado, informó que hay otro caso que está en la vía peal con un proceso avanzado, el referido a la exasambleísta María Patty, en Quillacollo, en el que este 2 de agosto se instalará la primera audiencia del proceso oral.

La Presidenta de la Acobol informó que en los últimos días tomó conocimiento a través de los medios de comunicación del caso del viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, quien llamó “loca” a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa.

Al respecto, informó que, si bien la Acobol no tomó conocimiento oficial de este caso, emitió un pronunciamiento de apoyo a Copa. En el documento también repudian ese tipo de acciones y exigen a las autoridades judiciales a seguir con el proceso respectivo.

Copa, a través de su abogado Frank Campero, presentó una demanda penal en contra de Torrico, la misma que está en trámite ante el Ministerio Público.

La Ley 243 fija como sanción de tres a ocho años de cárcel para los culpables de acoso y violencia política contra las mujeres y no reconoce la conciliación para este tipo de casos.

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