La imputación del Ministerio Público establece que el gobernador de Potosí, Jhony Mamani tiene “actividad delictiva reiterada o anterior”, porque registra un proceso abierto en su contra; que pese a su cargo no acreditó un domicilio en la ciudad de Potosí, que hay riesgo de obstaculización y de fuga. Por ello, pedirá su detención domiciliaria en la audiencia del próximo jueves, por la denuncia sobre la compra presuntamente irregular de 41 ambulancias.

Como medidas cautelares, solicitará en la audiencia cautelar del jueves próximo la obligación de Mamani de presentarse ante la Fiscalía una vez a la semana, prohibición de comunicarse con testigos, partícipes y peritos; una fianza personal o económica, arraigo y la detención domiciliaria

La imputación advierte la existencia de actividad delictiva reiterada o anterior, “debidamente acreditada. Conforme al historial de denuncias del Ministerio Público, se tiene que el imputado cuenta con un proceso penal anterior abierto en su contra por los delitos de incumplimiento de deberes, atribuirse los derechos del pueblo, uso indebido de influencias y contratos lesivos al Estado.

Conforme a la declaración informativa del Gobernador y los datos obtenidos del Segip, la Fiscalía sostiene en la imputación que la autoridad no cuenta con un domicilio preciso en Potosí. “Su domicilio real sería en el municipio de Tahua, pero se sabe que por la función que cumple como gobernador del departamento, y el mismo tendría que contar con un domicilio que reúna las condiciones de habitualidad y habitabilidad en la ciudad de Potosí”.

Por ello, advierte un riesgo de fuga que no sólo obstaculiza el desarrollo del proceso, sino también dificulta cualquier notificación de parte del Órgano Judicial o Ministerio Público, “por lo que queda plenamente acreditado este riesgo”, dice el documento, y acota que está demostrado que “el imputado no cuenta con un domicilio preciso” y por eso podría “abandonar el país o quedar oculto”.

La imputación también establece que es probable “que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctimas, testigos o peritos a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente”. Por cuanto en el presente caso el imputado en libertad irrestricta está obstaculizando en los coimputados porque dependen o dependieron de él como funcionarios de la Gobernación.