El presidente Luis Arce ha iniciado un proceso de diálogo con diversos sectores de la sociedad que, durante el gobierno de Evo Morales, no hubieran podido pisar el Palacio de Gobierno, lo que se constituye en un primer paso importante para el entendimiento entre bolivianos.

En ese marco, ha recibido por ejemplo a la dirigencia del Comité Cívico Potosinista, al Consejo Nacional de Autonomías, a los rectores de las universidades y a los alcaldes de las nueve capitales más El Alto, aunque la tendencia en todos los casos ha sido concluir los diálogos conformando comisiones, lo que posterga los problemas y las soluciones.

En el caso de Potosí, la dirigencia se fue con la esperanza de que las añejas demandas del departamento sean atendidas hasta el 10 de noviembre y con el compromiso de regresar en agosto con una propuesta para la distribución de regalías del futuro negocio del litio.

La reunión del Consejo de Autonomías, a la que no asistió el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, concluyó con el acuerdo de que el censo, que estaba programado para noviembre de este año, sea postergado. Luego, el presidente Arce dijo que la fecha de ese proceso sería en 2024, lo que generó nuevamente el rechazo de diversos actores del país. Luego quedaría claro que el Consejo de Autonomías, si bien aceptó la postergación, no consensuó una fecha, lo que indica que el Gobierno se aprovechó de esa reunión para imponer su criterio.

Luego se llevó a cabo la reunión con los rectores de las universidades públicas, quienes no llegaron a plantear el tema de la fecha del censo, pero lograron que las casas de estudios superiores sean tomadas en cuenta para la elaboración de la cartografía previa al censo, lo cual ya representa un avance en la búsqueda de transparencia.

Finalmente, esta semana se llevó a cabo otra reunión del Presidente con los alcaldes capitalinos, entre los que hay varios opositores. Lejos de la confrontación, tanto oficialistas como opositores decidieron sentarse a una misma mesa para abordar los problemas del país.

Los alcaldes coincidieron en que el censo debe realizarse en 2023 y el Gobierno, que seguramente no quiere retroceder tan pronto y de manera tan abierta, aceptó enviar una comisión a las diferentes regiones para analizar el tema. Eso quiere decir que la puerta está abierta para debatir una nueva fecha.

Como se puede advertir, las tensiones están cediendo espacio a los diálogos, lo cual es una buena noticia para el país. Sin embargo, al Gobierno todavía le falta pasar del diálogo a la escucha activa para que las demandas de estos sectores sean atendidas y no solamente archivadas en alguna carpeta, mientras las comisiones van diluyendo las presiones.