El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, es un personaje de película. Acusado por la compra irregular de 41 ambulancias a una empresa sin NIT que se constituyó días antes de la licitación, que ofreció precios más altos que dos grandes automotrices con trayectoria en el país, sin servicio técnico y finalmente con un acta de recepción pese a que no llegó ni una vagoneta a la ciudad, ahora enfrenta por fin una acusación de la Fiscalía, ante demasiadas evidencias y la presión ciudadana y de los medios.
 Por cuenta propia, la Fiscalía en principio no veía razón para acusar al gobernador. Lo dijo el fiscal Juan Lanchipa el 19 de enero, cuando afirmó que no tenía ‘elementos necesarios’ para investigar a Mamani. El fiscal general vive en Sucre a tres curvas de Potosí, pero no encontraba ‘elemento ni noticia fehaciente que dé lugar al inicio de la investigación’.

 Volviendo al gobernador, resulta que para evitar ser notificado o que se le imponga detención domiciliaria, el señor Mamani no acredita -como se dice en el lenguaje jurídico- domicilio en la ciudad de Potosí. Mamani es del municipio de Tahua, a 109 kilómetros de la Villa Imperial de Carlos V, pero eso no quiere decir que todos los días viaje de la capital a la provincia a dormir para regresar temprano al día siguiente. Obviamente, el gobernador tiene un domicilio en Potosí, pero no lo quiere declarar para ver si así se salva de ser procesado o detenido, como ya debió ocurrir hace más de seis meses.