La Fiscalía pide la detención domiciliaria del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, por presunto daño económico de más de un millón de bolivianos, por el caso de la compra de 41 ambulancias y que habría generado un daño económico de más de un millón de bolivianos, señala el documento de imputación.

“Al disponer esa anulación se prescindió sancionar el incumplimiento del contrato a la empresa adjudicada, ya sea cobrando las multas por días de atraso en la entrega de los bienes (41 ambulancias Tipo I) o en su caso ante el incumplimiento de contrato ejecutando la póliza de garantía de cumplimento de contrato, generando con ello un daño económico al Estado en la suma aproximada de 1.435.000 bolivianos, equivalente al monto de la póliza de garantía da cumplimiento de contrato, con la cual se ha garantizado el cumplimiento de dicho contrato, afectado por ende a los intereses del Estado”, señala el documento del Ministerio Público.

En la solicitud de medidas cautelares, la Fiscalía argumentó que existe peligro de fuga del Gobernador potosino porque no cuenta con un domicilio preciso y tiene facilidad de salir del país, por lo que se pide su detención domiciliaria y otras medidas cautelares como la fianza y arraigo.

Respecto al peligro de obstaculización, la imputación advierte que los involucrados dependieron de la Gobernación y llegaron a ser compañeros de trabajo, pero también existe un audio en el que presuntamente se evidencia que una funcionaria hubiese inducido a regularizar firmas.

Mamani firmó en noviembre de 2021 el contrato de compra-venta con la empresa Estefals Logistic, para la adquisición de 41 ambulancias por 20,5 millones de bolivianos, sin embargo, decidió anular el contrato al denunciarse las irregularidades en el caso.

La imputación de la Fiscalía dice que la función del Gobernador era velar porque los procesos de contratación se enmarquen en la legalidad; sin embargo, esto no ocurrió por cuanto se pudo advertir “muchas irregularidades”, publicó Erbol.

Entre las irregularidades se señala que se adjudicó el contrato a la empresa Estefals Logistics, sin que cumpla las especificaciones técnicas requeridas. Además menciona que se registró el formulario de recepción de las 41 ambulancias, cuando éstas no fueron entregadas físicamente.

La Fiscalía observa también que el Gobernador determinó la anulación del contrato mediante Resolución Administrativa de fecha 27 de enero de 2022, cuando ya habían pasado 22 días desde la fecha tope para la entrega de las ambulancias.

La imputación explica que no procedía una anulación del contrato, como dispuso el Gobernador, sino se debió cobrar las multas a la empresa por los días de atraso en la entrega o ejecutar la póliza de garantía de más de un millón de bolivianos.

En criterio de la Fiscalía, al no haberse ejecutado la garantía se generó un daño económico al Estado en la suma aproximada de 1.435.000 bolivianos, que es equivalente al monto de la póliza.

Mamani fue acusado por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, en calidad de autor. La audiencia en la que se definirá la situación legal se fijó para el 4 de agosto próximo.