De acuerdo con la imputación contra el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, el Ministerio Público solicita la aplicación de la detención domiciliaria.

Se detalla que se solicita la aplicación de medidas cautelares personales, es decir la detención domiciliaria entre otros como la obligación de presentarse ante el Ministerio Público una vez a la semana, prohibición de comunicarse con determinadas personas, fianza personal o económica, prohibición de salir del país o del ámbito territorial que se determine, además de la detención domiciliaria.

Junto al gobernador fueron imputados, Rubén Moisés Miranda, Luis René Loayza, Elegido Peñaranda, Ramiro Luis Choque y Jorge Pablo Velarde.

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El año pasado, el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, firmó el contrato para la compra de 41 ambulancias optando por la invitación directa a la empresa Stefals Logistic

El proceso se frustró porque se evidenció ilegalidades, como la existencia de un documento de recepción definitiva en el que se establece que los vehículos fueron recibidos por la institución, de acuerdo a contrato, pero esos equipos nunca llegaron a Potosí.

El contrato con Stefals Logistics es de más de 20 millones de Bolivianos, monto que se estaba a punto de pagar cuando surgió una observación del nivel central que habría frustrado la adquisición.

Tras hacerse pública una intención de compra de 41 ambulancias a una empresa de reciente creación cuyo capital era inferior al monto del contrato, Jhonny Mamani anunció la anulación del contrato destacando que no se había pagado un solo centavo por esos vehículos.

Posteriormente hubo denuncias contra el gobernador y funcionarios de la gobernación y el Sedes por presunto daño económico, al no haber recuperado la boleta de garantía y otros.

Desde que estalló el escándalo, uno de los denominadores comunes ha sido el intento de librar de toda responsabilidad al gobernador, pese a que, al ser él la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), esta se halla establecida en los decretos supremos 181 y 4432.