Tras el paro llevado a cabo por Santa Cruz el lunes 25, y que de acuerdo con la evaluación de sus instituciones fue exitoso, no han dejado de conocerse expresiones vinculadas al postergado censo y la necesidad de que se lleve a cabo no en 2024, como ha impuesto por decreto el Gobierno, sino en 2023.

La idea de que el censo se efectúe un año antes de la fecha oficial establecida ha ganado fuerza luego de la huelga cruceña, en una evaluación que ha determinado ejecutar nuevas medidas de presión, a ser definidas este jueves, para lograr el propósito de revertir la decisión del oficialismo con respecto a esta importante encuesta, esencial para diseñar el desarrollo, la representación política y, en general, la economía. El propósito es que el Gobierno acepte a la brevedad posible reprogramar el censo, porque de lo contrario la capital del económica del país ingresará en una serie de medidas de presión cada vez más duras.

A la par de esta pausa, en la actualidad son cinco las ciudades que han manifestado la necesidad de llevar a cabo cuanto antes este estudio demográfico: Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Potosí y El Alto, la última urbe en pronunciarse contra la postergación. Es que los municipios y la Gobernación cruceña están conscientes de la importancia de contar con nuevos datos poblacionales, que son vitales para la distribución per cápita de los recursos fiscales de coparticipación tributaria y que también ayudan a establecer la representación política en la Cámara de Diputados. Pero lo más importante para las regiones, en términos económicos, es la posibilidad, como expresan la Constitución Política del Estado y la ley que rige las autonomías, de concretar el Pacto Fiscal, para una redistribución que sea más ecuánime de los recursos de las recaudaciones impositivas; en la actualidad, el Gobierno controla entre el 75 y 80 por ciento del monto recaudado, mientras que los municipios tan sólo perciben el 20 por ciento y las universidades el 5 por ciento. 

Asimismo hoy, en nuestra ciudad, se reúnen los cívicos de todo el país para acordar medidas de presión en respaldo a las demandas cruceñas, pero también para tomar decisiones contra los avasallamientos, además de debatir sus pliegos de demandas incumplidos por el Gobierno. No se descarta, como se ha anticipado, que se resuelva aplicar un paro nacional, con el consiguiente perjuicio para las actividades económicas en general. No es el mejor escenario, pero los sectores movilizados, en esta pulseta con el centralismo, quieren que se adelante el censo en un año a la nueva fecha prevista. Se parte ahora de la convicción de que el diferimiento tiene motivación política, porque las elecciones de 2025 no contarán con los resultados del censo de 2024 y se deberá apelar a las cifras del estudio de 2012. Además, ¿hay otras causas para postergar el censo? 

Son horas cruciales, en esta lucha encabezada por Santa Cruz, a la cual se unen cada vez más regiones.