Además, acordaron que la fecha del censo no puede pasar del primer semestre de 2023, para lo cual prevén presentar, en 10 días, una propuesta técnica que viabilice el empadronamiento, con la cual esperan entablar una mesa de diálogo con el Gobierno, los ministerios involucrados y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

“Es necesaria la abrogación del Decreto Supremo N° 4760, que posterga el censo hasta 2024. Consensuada la propuesta técnica, el movimiento cívico nacional presentará dicha propuesta al Estado (…) en un plazo de 10 días e iniciará una mesa de diálogo entre Gobierno y comités cívicos del país”, señala parte del acta.

Asimismo, “se propone que haya un fondo compensatorio en base a proyecciones del INE del año 2022 para que municipios, universidades reciban recursos”. 

El presidente del comité cívico de Cochabamba, Apolinar Rivera, explicó: “Se determina proponer el primer semestre del año 2023 para la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda, fruto de un análisis técnico y estadístico real. Solicitar que las universidades públicas, los Gobiernos autónomos departamentales y Gobiernos autónomos municipales sean incluidos como recurso técnico, humano y logístico”.

Por otro lado, el representante de Tarija, Adrián Ávila, explicó que el movimiento cívico no es enemigo del Gobierno, sino que está para “aportar, defender los intereses y el avance de toda nuestra población”. 

“Somos los representantes del pueblo, de la sociedad civil organizada a través de sus instituciones, sectores y organizaciones. Si le va bien al Gobierno, le va bien al país”, expresó Ávila.

En tanto, el vicepresidente del comité cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, señaló que con el censo el beneficio será para todas las regiones, por lo que demandó la atención del Gobierno en estas demandas.

“El trabajo nuestro es por todos los bolivianos. Tenemos que tener claro que el censo va a beneficiar a todos y cada uno de los bolivianos, independientemente de donde vivamos. Los únicos que ganamos con el censo somos los bolivianos, el Gobierno tiene que entender eso y tiene que trabajar por absolutamente todos nosotros. Todos formamos parte de Bolivia y, por tanto, todos tenemos derechos”, dijo Cochamanidis.

Garantías

Otro punto que demandaron los representantes de los cívicos reunidos ayer en Cochabamba es exigirle al Gobierno que ofrezca las garantías al trabajo dirigencial que hacen los dirigentes de los comités cívicos.

“Condenamos la intromisión del aparato estatal, sus brazos operativos y fiscales al interior de nuestras instituciones cívicas. Exigimos todas las garantías constitucionales para el desarrollo de nuestro trabajo cívico ciudadano, que representa a las organizaciones, instituciones y habitantes de nuestras regiones”, señaló Rivera.

Finalmente, los cívicos expresaron su apoyo respaldo a la iniciativa ciudadana de reforma judicial que está siendo impulsada por un grupo de juristas independientes.

“Ante la ausencia del debido proceso imparcial en el Estado boliviano y la instrumentalización de la justicia para la persecución política, los cívicos participarán de manera activa en las acciones de la propuesta ciudadana para la reforma judicial impulsada por juristas independientes”, dijo Rivera.

Agreden a delegación cruceña en el aeropuerto

Un grupo de choque, presuntamente afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), agredió verbal y físicamente a la delegación del Comité Pro Santa Cruz a su llegada al aeropuerto de Cochabamba, en la previa de la reunión nacional de cívicos.

El grupo de choque los insultó y les lanzó huevos y piedras, dijo el vicepresidente del comité cívico de Santa cruz, Stello Cochamanidis.

“Las hordas masistas están contrarios a todo lo que es democracia y participación. Vinimos buscando un solo fin: que el censo se haga en beneficio de todos los bolivianos, y nos reciben tirándonos piedras y huevos. Agradecemos a la Policía, que estuvo para custodiar”, dijo Cochamanidis. 

A través de un comunicado citado por el diario El Día, el Comité Pro Santa Cruz denunció la agresión a la delegación y la calificó como un acto de intolerancia, vandalismo, discriminación y racismo.

“Repudiamos el actuar delictivo de algunos masistas que, bajo órdenes de sus jefes políticos, actúan agresivamente contra el pueblo que exige respeto al estado de derecho, a las libertades y por mejores días para Bolivia”, señala el pronunciamiento cívico.

Además, exigen al Gobierno dar garantías a todos los ciudadanos y dejar de intentar dividir al pueblo, que exige una pronta realización del censo.

Lucha por los recursos naturales 

La presidenta del Comité Cívico Potosinista, Roxana Graz, pidió ayer que se incluya, en una futura reunión de los comités cívicos, la lucha y defensa de los recursos naturales.

“Cada uno de los departamentos tiene una lucha que ahí tiene que emplazarse. La reserva de Tariquía está siendo atacada, también en Potosí el recurso estratégico que es el litio tiene que ser responsabilidad de toda Bolivia.

Nosotros estamos tratando de fiscalizar actos irregulares que se están realizando desde un ministerio”, dijo Graz.

Señaló que la demanda central que tiene esta región es conseguir que las regalías por el litio sean mínimamente del 11 por ciento y no del 3 por ciento.