El Gobierno evita un censo pronto debido a que este proceso pondría en evidencia la cantidad de votantes que hay en cada región, evitar la redistribución de escaños, de recursos económicos, un pacto fiscal, entre otros, sostienen analistas.

“Cuando se hace un censo, se sabe qué población es la población activa y mayor de edad por departamento, no habría donde perderse en el sentido de cantidad de habitantes y cantidad de votantes, que no es lo mismo. Hay un padrón cuestionado, pues el censo va a decir cuántas personas mayores de edad viven en un departamento, por ende, podríamos saber la cantidad de votantes que tiene un departamento, y ése es el principal detalle que busca evitar el Gobierno”, sostiene el abogado constitucionalista Paul Antonio Coca. En determinadas oportunidades, se ha cuestionado el padrón electoral porque no refleja el número de habitantes y, por tanto, la representación política regional.

La politóloga Patricia Velasco señaló que el censo es el instrumento que determina la asignación de escaños de acuerdo con el número de habitantes que tienen las regiones.

El artículo 146 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que la distribución del total de escaños entre los departamentos se determinará por el Órgano Electoral en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último Censo Nacional, de acuerdo a la ley. 

“Lo que en realidad quieren hacer es mostrar una realidad que no es. Municipio que haya crecido en población tiene que tener del nivel central del Estado más recursos que otros municipios, departamento con mayor población tiene derecho a mayores escaños en Diputados ”, refirió el abogado Coca.