Se tomó más de seis meses, pero este miércoles la Fiscalía determinó ampliar la imputación por el caso ambulancias contra el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, y otras 10 personas, que serán sometidas a una audiencia de medidas cautelares el 4 de agosto.

La información fue proporcionada por el asambleísta departamental Osvaldo Flores, quien sostuvo que la máxima autoridad regional es investigada por los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, uso indebido de influencias y uso de instrumento falsificado.

“Después de una larga lucha jurídica, tras haber tenido constancia, hoy podemos confirmar a la población potosina, que luego de presentar un memorial para que el juez conmine a la Fiscalía, el gobernador y el exsecretario jurídico, además de una decena de personas, fueron imputadas por el caso de ambulancias”, afirmó el legislador.

Confirmó que la audiencia se realizará el próximo jueves, a las 10:00, en el juzgado cautelar segundo en lo penal de la Villa Imperial e involucra a unos seis funcionarios de la administración departamental. A finales de junio se conoció que el Ministerio Público imputó a tres exfuncionarios del Servicio Departamental de Salud (Sedes), que eran parte de la comisión de Calificación y Recepción para el proceso de compra de las 41 ambulancias.

Origen

El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, declaró el 20 de enero que su institución recibió de manera “parcial”41 ambulancias compradas a través de una empresa de reciente creación, pese a que los motorizados no llegaron al país. Entonces anunció la anulación del contrato.

“No me estoy lavando las manos y me someteré a la investigación”, declaró a principios de año tras reunirse con autoridades del Viceministerio de Transparencia. Poco antes, la autoridad potosina había admitido, como no lo había hecho antes, que se cometieron irregularidades cuando se firmó un “acta de recepción” y se cerró el proceso de contratación el 31 de diciembre de 2021, poco antes de la celebración del Año Nuevo.

En ese momento dijo que “se cancela este proceso de contratación para la adquisición de estas ambulancias; sin embargo, la investigación a este proceso va a continuar. No significa que ahí queda. Hemos entregado toda la documentación para que sea la autoridad competente (el viceministerio de Trasparencia) para que se pueda transparentar este proceso de contratación”, apuntó.

El caso

La Gobernación de Potosí compró, de manera directa, 41 vagonetas Toyota Land Cruiser con equipamiento de ambulancia Tipo 1, para el traslado de pacientes con prestaciones de primeros auxilios. La información fue publicada el viernes 14 de enero por EL DEBER.

Estefals Logistics se adjudicó la venta de los bienes públicos por un monto de Bs 20,5 millones a través de la minuta de contrato 215/2021, firmada el 26 de noviembre de 2021. La compañía se comprometió a entregar los vehículos en Potosí el 6 de enero, tras cumplirse un plazo “de 40 días calendario”. No cumplió.

Luis Humberto Huanca, propietario de empresa, pidió un plazo adicional de 30 días para honrar el pacto. Dijo que hizo esa solicitud el 3 de enero y que no recibió “ningún dinero” por parte de las autoridades de la Gobernación.

Una comisión técnica dio por recibidos los motorizados, según un acta que está colgada en el sitio web del Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes).

También está el formulario 500 que establece “la entrega definitiva” de los bienes que fueron adquiridos y con el que se puede tramitar el pago por la operación.
Los documentos se suscribieron sin la presencia de los vehículos. En el acta se lee que el acto de recepción comenzó a las 10:00 y cerró a las 17:00 del 31 de diciembre de 2021, sobre la base de un “informe de la comisión de recepción”, dirigido al gobernador Mamani.

La autoridad dijo que no tuvo conocimiento de esos documentos y consideró que “hubo mala fe” e instruyó un proceso administrativo contra varios servidores.

Pese a que en principio, el gobernador se comprometió a allanarse a la investigación, eso no ocurrió. Poco después acusó a los medios de comunicación, mientras que la fiscalía ni siquiera lo convocó a declarar.

El trato que recibió el gobernador por parte de las autoridades judiciales fue distinto a los de la oposición. En su región, aseguraban que “tiene protección porque fue elegido por Evo Morales”, el jefe del MAS, mientras que el seguimiento de la Defensoría del Pueblo sobre este caso observaba el vencimiento de varios plazos y demoras en la investigación.

La Procuraduría General del Estado halló responsabilidades de Mamani en el fallido proceso de adquisición de 41 ambulancias para su departamento, primero porque no cumplió el Decreto 4432 que establece su responsabilidad en todas las fases del contrato y segundo por no haber ejecutado una póliza de garantía de Bs 1,4 millones en favor de la Gobernación.

Ese monto fue el que anotó la empresa Estefals Logistics, la proveedora de los bienes, por una operación de Bs 20,5 millones. “No se ha gastado ni un solo centavo de la Gobernación”, aseguro Mamani cuando se presentó ante la comisión de Autonomías de la Cámara de Diputados.

En febrero el ministro de Justicia, Iván Lima, calificó como “un grave caso de corrupción” la compra presuntamente irregular de 41 ambulancias en la Gobernación de Potosí. Sin embargo, no denunció al gobernador Jhonny Mamani y dejó su situación en manos de la justicia. “Es un caso grave de corrupción. Estamos hablando de cuatro procesos de contratación, más de Bs 20 millones solo en uno de ellos. No hubo un adecuado trabajo por parte de le Gobernación de Potosí, y queremos dejar establecido que en este Gobierno no se tiene tolerancia con la corrupción, pero tampoco se actúa sin una estrategia y un proceso judicial justo”, manifestó Lima.

Más de medio año después, se lo imputó y será cautelado.