Medio: ANF
Fecha de la publicación: martes 26 de julio de 2022
Categoría: Autonomías
Subcategoría: Autonomía Indígena
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Sin saberlo, la amauta de justicia del valle de Zongo de La Paz, Marcela Quisbert, estuvo arraigada por nueve años en el país, producto de un proceso, que su defensa califica como una “persecución”, que un empresario minero abrió en contra de ella y otros dirigentes indígenas, tras ser expulsado por apropiación indebida de tierras y contaminación del río Zongo, un problema que data del año 2000.
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El problema que enfrenta a indígenas de Zongo y al empresario de iniciales J.O.B.C. desde hace más de 20 años es principalmente por las tierras y la actividad minera.
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La Paz, 26 de julio de 2022 (ANF). - Sin saberlo, la amauta de justicia del valle de Zongo de La Paz, Marcela Quisbert, estuvo arraigada por nueve años en el país, producto de un proceso, que su defensa califica como una “persecución”, que un empresario minero abrió en contra de ella y otros dirigentes indígenas, tras ser expulsado por apropiación indebida de tierras y contaminación del río Zongo, un problema que data del año 2000.
El problema que enfrenta a indígenas de Zongo y al empresario de iniciales J.O.B.C. desde hace más de 20 años es principalmente por las tierras y la actividad minera. En ese territorio está la mina Alexander, rica en mineral celita que es explotado por este empresario.
Según Quisbert, además de la contaminación, J.O.B.C. despojó a varios indígenas de sus predios, donde cultivaban café y coca; pero, además, denunció que dividió a las organizaciones y amenazó con procesos a quienes se oponían a su actividad. Es así que, en 2010, la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC) de Zongo decidió su expulsión. Ello provocó que el empresario inicie procesos legales a ella y a los dirigentes del lugar. “Tenemos un total de siete denuncias penales”, informó Quisbert.
Es justamente bajo este contexto que, a consecuencia de un proceso por avasallamiento que el empresario minero inició ante el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal Cautelar de la ciudad de El Alto, que Quisbert y otros dirigentes fueron arraigados en 2013. No fue hasta hace poco más de un mes, cuando la dirigente debía trasladarse a Perú, que le informaron que no podía salir del país por el arraigo.
“Ese arraigo lo han ido a dejar a Migraciones sin el conocimiento de Marcela y de las otras personas arraigadas, que tampoco tienen conocimiento de ese tema”, dio a conocer Marco Tola, abogado de Quisbert, al Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS.
Producto de la defensa legal de los comunarios, es que en 2014 logran que el Tribunal Constitucional Plurinacional emita la sentencia 0874/2014 que declara competente a las autoridades de la JIOC de Zongo “para conocer y resolver el asunto a través de sus instancias y procedimientos propios” e instruye además al Juez de El Alto que “se inhiba” del caso y remita los antecedentes a las autoridades indígenas.
Esta sentencia permitió que la JIOC de Zongo revierta el arraigo dispuesto por la justicia ordinaria en contra de Quisbert. El 6 de julio de este año, a través de una resolución, la JIOC de Zongo dispuso que la Dirección General de Migración levante el arraigo, bajo la figura de que el juez de El Alto ya no tiene competencia para ver este caso. Fue así que Migración procedió al desarraigo en un hecho que, según Tola, es “la primera vez” que se da, debido a que muchas instituciones públicas “no tienen conocimiento sobre la justicia indígena”.
La JIOC de Zongo “ha emitido una resolución única justamente fundamentando ese tema y aclarando que como son autoridades competentes ellos están dando la orden a Migración para que levanten el arraigo de Marcela, entonces de esa manera se ha hecho el trámite. Lo han entendido bien los de Migración y de esa manera no ha habido tampoco trabas. Le han otorgado el desarraigo. Por lo tanto, Marcela ya puede salir del país con total libertad”, informó el abogado.
Este caso de Zongo llegó hasta la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU, Mary Lawlor, quien conoció el caso el 9 de julio de 2021, cuando se realizó una audiencia virtual denominada“Audiencia Regional entre la Relatora Especial de la ONU y Defensores de Derechos Humanos en América Latina”, a la que asistieron defensores de derechos de Colombia, Perú, Honduras, Guatemala y Bolivia.
Lawrol, en esa ocasión, se comprometió a hacer seguimiento al caso de Marcela Quisbert y de los indígenas de Zongo. “Les prometo que haré todo lo que pueda por defender sus casos”, mencionó la relatora en esa audiencia.
/ANF/
