En la década del 80, del siglo pasado, la región ingresaba a una nueva era de su historia política, marcada por la recuperación democrática. Hasta entonces la dictadura, con todas sus secuelas, era dueña de los destinos nacionales. Imponía sus intereses político – ideológicos, buscando perpetuarse en el Poder. No daba tregua a la libertad, ni vigencia a los derechos humanos. Con tal de que sus propósitos se cumplieran a cabalidad.
El civilismo, en consecuencia, tendría que jugar un rol protagónico en la apertura de las libertades ciudadanas. Tendría que restañar las heridas, provocadas por las tropelías de corte dictatorial. Los países, en su mayoría, habían logrado, contra viento y marea el histórico retorno a la democracia. Organismos multilaterales, haciéndose eco de la decisión adoptada por los pueblos, acompañarían ese proceso, que honraba la memoria de quienes lucharon por la libertad, quebrantada entonces. Reiteraban, asimismo, su simpatía, respeto y respaldo a la democracia en ciernes.
“Convencidos de que el sistema democrático es el más apto para asegurar los ideales de paz, la vigencia de los derechos humanos y la cooperación entre los pueblos y que ello contribuye a la seguridad regional”, anota la “Declaración de Galápagos: compromiso andino de paz, seguridad y cooperación”, que suscribieron los presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, en diciembre de 1989. “El sistema democrático constituye la norma inquebrantable, la forma de vida y el instrumento idóneo para preservar la paz, alcanzar el desarrollo y la justicia social, garantizar el pleno respeto a los derechos humanos e impulsar la cooperación e integración entre nuestros pueblos”, puntualiza el “Manifiesto de Cartagena de Indias”, de mayo de 1989. Estamparon sus firmas, en el documento, los presidentes de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia.
El tiempo de la zozobra y la intimidación, de la persecución y el encarcelamiento, de las personas que pensaban diferente, había cesado. Se buscaría, en adelante, consolidar las libertades ciudadanas, en consonancia con el Estado de Derecho.
Había llegado el cambio, que tanto se anhelaba. Se imponía esa actitud, que significaba justicia, esperanza y solidaridad. Quienes pretendían perpetuarse en el Poder, mediante la fuerza, fueron desalojados con ignominia. La libertad había triunfado, en definitiva. “Sólo la democracia garantiza la libertad”, sostuvo, a propósito, Simón Bolívar, libertador venezolano (1783-1830). “La democracia es el destino de la Humanidad futura; la libertad, su indestructible arma; la perfección posible, el fin donde se dirige”, compartió, también, Benito Juárez, presidente mexicano (1806- 1872).
La libertad de expresión es uno de los elementos fundamentales de la democracia. Sin aquella no se concibe ésta. En absoluto. La dictadura siempre ha vulnerado esa libertad, o el tema recurrente de todos los tiempos, imponiendo medidas restrictivas, coercitivas y atentatorias. Ha propinado golpes, palizas y promovido grescas mediante sus grupos de choque, a fin de desbaratarla. Tal como se estila en algunos países de la región, donde se impone una aparente democracia. Hechos de esta naturaleza ya los hemos vivido nosotros.
En suma: estamos conminados a cuidar la democracia, que tanto nos costó recuperarla. No debemos destruirla.