No es una novedad que el gobierno infiltre civiles y hasta policías en las manifestaciones de diversos sectores sociales para provocar violencia y luego culpar a la dirigencia que no se alinea con el Movimiento Al Socialismo (MAS), como ha sucedido en pasadas marchas de Adepcoca, donde han actuado hasta funcionarios del Ministerio de Gobierno.

Como el MAS suele superarse a sí mismo, en la reciente marcha de los médicos por la democracia y la no persecución política infiltró militares.

Durante la citada manifestación, que fue abruptamente suspendida por acción de los grupos de choque del MAS, fueron detenidas ocho personas que supuestamente estaban provocando actos violentos. De ese total, tres jóvenes que auténticamente eran parte de la protesta fueron enviados a prisión acusados de “porte y portación ilícita”.

Enviar a la cárcel a personas por el sólo hecho de participar en una marcha es algo que suelen hacer gobiernos autoritarios como el de Venezuela o Nicaragua, pero Bolivia, que se jacta de ser uno de los países más democráticos de la región, está cayendo en las mismas tácticas. Los acusados llevaban escudos para defenderse de los grupos de choque del MAS, que ya actúan de manera sistemática en las marchas y, según la Policía, además cargaban petardos, piedras y un líquido indeterminado. En Bolivia es común que los marchistas hagan explotar no solo petardos, sino dinamita, y nadie está preso por eso, salvo estos jóvenes que acompañaban a los médicos.

Pero, otra arista grave de aquella marcha es que entre los detenidos había cuatro militares con credenciales falsas de personal de salud y que, hechas las investigaciones por parte de la defensa de los tres jóvenes, resultó que son militares activos y que figuran como miembros de las Fuerzas Armadas en las declaraciones juradas de la Contraloría.

Los militares infiltrados son Óscar Sánchez, Hugo Herrera, Hugo Barcaya y Luis Alfredo Lero. Los tres primeros tienen el grado de teniente de Infantería de la promoción 2013 y Lero Condori es suboficial, según el abogado Jorge Valda, que representa a los jóvenes apresados.

Infiltrar militares en una protesta es un acto delincuencial, es una táctica del terrorismo de Estado muy típica de dictaduras, en las que se producen muertos y heridos que luego son atribuidos a los dirigentes de las protestas sociales para enviarlos a la cárcel y de esa manera neutralizar a un sector desconecto.

El Gobierno está cayendo en niveles inadmisibles de persecución en contra de los sectores contrarios a su línea política. Es hora de poner un alto a esta locura, liberar a los tres jóvenes detenidos y expulsar de las FFAA a los militares infiltrados si no quieren pasar a la historia como un régimen autoritario.