Para quienes estamos en Santa Cruz de la Sierra, este lunes 25 de julio de 2022, se realizó un paro cívico interinstitucional, pues toda Bolivia lleva más de una década sin que actualice la información demográfica y productiva del país, y sin que exista ningún tipo de responsabilidad hacia el incumplimiento del INE quien asumió el compromiso de realizarlo este año, y que ahora, se posterga dos años más, demostrando que no existe ninguna voluntad del gobierno de turno por transparentar la información siendo ello una obligación estatal, un valor supremo y un principio constitucional previsto en los arts. 8-II, 232, 242 numeral 4), 270 y 306-III de la Constitución boliviana (CPE).

Si realmente se deseara el buen vivir para todos los bolivianos, se debería contar con los datos actualizados sobre población, vivienda y productividad, estableciéndose lo más pronto posible, una agenda con fechas de objetivos claros y precisos, disponiendo que el censo se realice a fines de este año o el próximo año, pero no aplazarlo ni suspenderlo a dos años más sin justificación ni ninguna agenda programática seria.

Este paro departamental fue interinstitucional, con la intervención de más de 300 instituciones que lo apoyaron y participaron de la Cumbre departamental en Santa Cruz por el censo, entre ellas, el municipio cruceño, gobernación departamental de Santa Cruz, la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno además de muchas organizaciones civiles y el ciudadano en general que voluntariamente efectuó la medida de protesta desde tempranas horas del día.

El cruceño de convicción y con auténtica solidaridad social, entiende las verdaderas prioridades de la vida y decidió de forma voluntaria, pacífica y democrática cumplir y acatar un paro cívico interinstitucional en defensa de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales de todos los bolivianos. Por el país, la región, la nación y las futuras generaciones.

La palabra “político” no es nada malo, por si acaso, lo malo es la politiquería de los que tienen por oficio (o reciben sus ingresos) algunos de los denominados políticos.

De allí que el pueblo reacciona y actúa políticamente, viéndose reflejado en realizar voluntariamente un paro cívico interinstitucional.

Un acto político es todo lo que produce un efecto en el mundo orientado a la emancipación colectiva de las personas, por ejemplo, política es la posibilidad de no ser esclavos o también es la construcción colectiva de la libertad, es la institución de la libertad pública.

El paro cívico interinstitucional en defensa de derechos fundamentales, constituye un acto voluntario de protesta para evitar: trabas, aquellas largas y continuas postergaciones en la obtención de los indicadores relacionados al derecho humano a la vivienda (art. 19 de la CPE), derecho a la información veraz y oportuna (art. 21 num. 6, arts. 106 y 242 num. 4 de la CPE), entre otros. Es una muestra clara de un pueblo actuando políticamente, y el ejercicio del control social (art. 242 num. 4 de la CPE), reclamando el respeto a sus derechos y libertades para no ser esclavos de la imposición, la postergación, la opresión y el autoritarismo.

Si alguien dice que el paro cívico es o fue político, claro que lo es, fue y lo será, porque es un pueblo movilizado orientado a la emancipación colectiva de las personas, esto es, liberarse de la opresión y la imposición, no ser burlados por el legalismo arrollador.

La realización del censo nacional de población y vivienda es de gran relevancia e importancia para varios fines, entre ellos, citar, por ejemplo: a) una adecuada elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Humano sostenible y sustentable, y a partir de ello los planes departamentales y municipales; por lo tanto, resulta necesario conocer la situación de la población respecto a la atención de sus necesidades más primordiales (vivienda, datos del hogar, información que ayuden a comprender mejor los niveles y variaciones de la asistencia escolar, la estructura productiva agropecuaria del país, entre otros); b) también tiene importancia para la redistribución de los diputados y así resolver las representaciones que se tiene en la actualidad. Se requiere sincerarse dicha distribución, así se encuentra prevista en el art. 146-V de la CPE.

Como bien sabemos, es competencia privativa del Estado central la realización de censos oficiales, conforme el art. 298-I # 16 CPE.

En ese sentido, la mayor preocupación gravita en que se requiere que se lleve de la mejor manera posible y con alto contenido técnico, bajo los principios de transparencia, participación, eficacia y eficiencia; y, para ello, debe existir verdadera voluntad, estableciendo fechas concretas, precisas y no extendidas, pues entre los riesgos, por ejemplo, estarían las distorsiones que pueden existir en preguntas intencionalmente mal redactadas o los factores de medición, el ocultamiento de información para fines estrictamente político electorales, entre ellas, la perpetuación del poder.

Es menester lograr este año mejorar la organización del censo y alcanzar un alto nivel técnico con el compromiso de sectores y su activa participación de los mismos, para su realización a más tardar el próximo año, pero NO postergarlo todo a dos años sin criterios técnicos reales.