La última sentencia de 30 días de cárcel dictada en un proceso de hace 25 años, impulsada por el consorcio político-judicial masista, es la prueba de la manipulación política de los procesos contra Manfred Reyes Villa, los mismos que en las últimas semanas han sido reactivados pese a las evidentes ilegalidades en su tramitación. Sin embargo, en un efecto boomerang, lo que ha logrado este nuevo ataque contra el popular alcalde cochabambino es desnudar el carácter inconstitucional, ilegal e injusto de todos los procesos contra Reyes Villa, quedando en evidencia por lo menos cuatro razones por las cuales dicha sentencia y todos estos procesos deben anularse.

La primera razón es que dichos procesos fueron tramitados en ausencia del denunciado. En esa línea, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia declaró inconstitucional el juicio en rebeldía o ausencia. Lo hizo a través de la Sentencia Constitucional 0012/2021 del 11 de marzo de 2021. Fue el ministro de Justicia, Iván Lima, quien la publicitó a través de la televisión, aunque, en una actitud inédita e ilegal en la historia del Tribunal Constitucional Plurinacional, dicha sentencia desapareció misteriosamente. Además, en esa misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió una demanda de Reyes Villa que acudió al organismo internacional en busca de justicia, en contra de los juicios en ausencia.

La segunda razón que sustenta la anulación de los procesos contra el exprefecto Reyes Villa es que el juez natural ante el que debe procesarse a los prefectos es el del juicio de responsabilidades y de ninguna manera ante jueces ordinarios. Para ello, la Fiscalía General de la República, a petición de cualquier ciudadano o de oficio, debe instruir a la Corte Suprema pedir la autorización política ante el Legislativo para enjuiciar al prefecto. En este sentido, la Asamblea Plurinacional aprobó, por ejemplo, el juicio de responsabilidades contra los exprefectos de Chuquisaca, David Sánchez, y de La Paz, José Luis Paredes.

La tercera razón por la que los procesos contra Reyes Villa deben anularse es la abierta parcialización del Órgano Judicial, con jueces y fiscales que, casi en su totalidad, debieran ser recusados. En efecto, todas las actuaciones del Ministerio Público y de los tribunales de justicia en las denuncias contra políticos del oficialismo y de la oposición, con contadas y honrosas excepciones, demuestran la marcada obsecuencia a favor del MAS. Es desembozada la actitud partidista de la fiscalía, que mantiene adormecidas las causas contra ex funcionarios masistas, pero que, contrariamente, ha instruido activar todos los procesos contra políticos de oposición, especialmente contra Manfred Reyes Villa. De ahí que, no habiendo una administración de justicia que brinde seguridad jurídica a los ciudadanos, mal podrían Reyes Villa y otros políticos opositores confiar su libertad y su vida a los designios de dichos jueces y fiscales parcializados.

La cuarta razón es la necesidad de preservar la soberanía del voto popular atacada por la manida perversidad de la manipulación judicial utilizada para derrocar autoridades elegidas por el pueblo. En el presente caso, el pueblo de Cochabamba votó contundentemente a favor de Manfred Reyes Villa, estando en conocimiento de la persecución política y de los procesos y concediendo un voto de confianza que ha estabilizado la institucionalidad democrática municipal en Cochabamba. Por ello, esa sentencia y los procesos ilegales se constituyen en un intento de desconocer la voluntad popular expresada en las urnas que daría inicio a una inestabilidad institucional que el pueblo ha rechazado en masivas movilizaciones.

Estas cuatro razones, certificadas por una auditoría jurídica imparcial, (obviamente no por el Consejo de la Magistratura, que también está parcializado, sino por una instancia con observación internacional), permitirán la anulación de los procesos de persecución política contra Manfred Reyes Villa y harán que la justicia vuelva a un cauce menos perverso.