El exalcalde de La Paz y abogado Juan del Granado informó sobre el inicio del trámite ante el Órgano Electoral para recabar los libros respectivos e iniciar la recolección de firmas. Explicó que se debe recolectar un millón y medio de firmas para llevar adelante la reforma parcial.

El artículo 16 de la Ley 026 de Régimen Electoral señala que el referendo nacional se activará con el 20 por ciento de firmas y huellas del padrón electoral y el 15 por ciento del padrón de cada departamento. 

En ese contexto, este proceso se realizará con la adhesión de ciudadanos voluntarios, además que los juristas esperan apoyo de la comunidad internacional.

Con esta tarea se mostrará que los ciudadanos serán los principales actores políticos de la sociedad y que no se requiere de la clase política para llevar adelante la transformación de la justicia.

Del Granado espera que hasta agosto se entreguen los libros para recolectar las firmas.

La principal tarea es lograr la independencia del sistema de justicia, para el efecto se busca cambiar la atribución legislativa de selección de postulantes establecida en la Constitución, a través de la creación de la “Comisión Nacional de Postulaciones”.

“Ésta debe estar integrada por seis miembros independientes, sea el organismo que convoque postulantes, califique méritos y conforme, con los mejores, ternas cerradas que vayan a la Asamblea Legislativa para una designación por dos tercios y sometida a referendo popular aprobatorio”, sostiene.

Financiamiento

Otro de los aspectos que apunta esta propuesta es establecer un servicio judicial digno a través de la asignación de un presupuesto del 3 por ciento para la administración de justicia que esté inscrita en la Constitución.

Justicia indígena

Los juristas independientes también apuntan a la búsqueda de potenciar la justicia indígena originaria e instituir la justicia de paz, como instrumentos constitucionales de resolución de controversias, sin necesidad de jueces fiscales y abogados.

“Para ello, se elimina de la Constitución el mal llamado deslinde jurisdiccional que en esta década ha subordinado y disminuido a la justicia indígena, encargando al Tribunal Constitucional la resolución de cualquier conflicto de competencia”, se indica .

Otro aspecto que promueve es la justicia de paz, y se plantea que se aplique en todos los municipios, para lo que elegirán a para que resuelvan las controversias menores restableciendo la paz social sin necesidad de pleitos judiciales.