En primer lugar no se trata de dos posturas, dos visiones o de dos propuestas políticas. Ni siquiera de trata de una confrontación ideológica o programática, sino de un asunto que no admite debates, sesgos o medias tintas, pues la constitución se respeta o no y la soberanía del voto es un asunto crucial, cuya violación significa la eliminación de la democracia en el país.

Por otro lado, no se trata de la lucha de dos facciones ciudadanas, de dos grandes porciones de la población que están en disputa por un proyecto de país, sino de un consenso que se ha expresado en las urnas; de una decisión vinculante del soberano que no debe discutirse, sino hacerse cumplir.

Además, está demostrado a través de numerosas encuestas que el rechazo a la repostulación se está acrecentando en la misma proporción de las torpezas que comete el régimen para respaldarla. Está probado que mientras aumenta la presión popular en torno al 21F, la defensa del continuismo ha quedado reducida a pequeños grupos, a los sindicatos y movimientos sociales incondicionales al oficialismo, los más radicales y dispuestos a recurrir a métodos violentos como aquellos encapuchados que tanto repudio han ocasionado en la opinión pública.

Ni siquiera se puede atribuir el enrarecido clima político al viejo problema boliviano de la fragmentación política que siempre nos ha impedido llegar a acuerdos importantes a lo largo de nuestra historia. Tampoco es un “empate catastrófico” o nada parecido y aunque es verdad que la oposición tiene graves problemas para encontrar punto de unidad y lo más probable es que no se pueda llegar a una candidatura única en el 2019, todos los partidos, agrupaciones y el pleno de las instituciones de la sociedad civil están de acuerdo con la continuidad del proceso democrático, surgido para desterrar a las dictaduras y construir un país sobre la base del diálogo y la concertación y no para imponer nuevos modelos de autocracia que usan a la democracia como disfraz.

Y es que ni siquiera dentro del oficialismo existe plena certeza sobre el atropello a la constitución y la soberanía del pueblo. Hay sectores muy bien identificados que ven en esta arremetida, una acción autodestructiva del MAS, que ocasionará el debilitamiento y la pérdida del apoyo popular indispensable para desarrollar un proyecto político coherente y útil para la ciudadanía. De consumarse este atentando a la democracia, el oficialismo habrá tirado por la borda un capital político importante que tal vez nunca podrá recuperar.

Ni siquiera dentro del oficialismo existe plena certeza sobre el atropello a la constitución y la soberanía del pueblo. Hay sectores muy bien identificados que ven en esta arremetida, una acción autodestructiva del MAS.