El XI Censo de Población y Vivienda debió realizarse en 2010: la Ley N° 2105/2000 que modificó la Ley N° 1551/94 legisló que “A partir del censo […] 2001, la información relativa a su población será obtenida de los Censos Nacionales levantados por el Instituto Nacional de Estadística y que se efectuarán obligatoriamente todos los años terminados en cero”, pero no fue así: se realizó en 2012 y demoró más de dos años en tener resultados oficiales, difundidos oficialmente el 30 de junio de 2016 (“casualmente después de convocadas las elecciones”).

Ese Censo dejó varios hitos negativos: fue demorado (a los 11 años del anterior y fuera de lo dispuesto en la Ley N° 2105); sus resultados se difundieron tras un período muy dilatado (y con diferencias de los avances iniciales); no modificó la representatividad regional (tampoco para la elección luego fraudulenta de 2019); no activó el Pacto Fiscal, instaurado por la Disposición Transitoria Décima Séptima I y II de la Ley N° 031/2010 “Ley Marco de Autonomías y Descentralización ‘Andrés Ibáñez’” y los artículos 271.I y 272 de la vigente Constitución Política del Estado, y de yapa excluyó identificar a los no-indígenas (no volveré a hacer descripción de lo que antes publiqué, en 2012 y este año).

¿Por qué lo que critico? Sin Pacto Fiscal, el Estado maneja directa y discrecionalmente el 75% de los impuestos nacionales (IVA, RCIVA, IUE, IT, ICE, GAC, ITGB, ISAE) y distribuye el 20% a los Gobiernos Municipales y el 5% a las Universidades Públicas “de acuerdo con la distribución poblacional”, así como maneja el 75% del IEHD y distribuye el 20% a los Gobiernos Departamentales “el 50% según población (nuevamente Censo) y el otro 50% en distribución igualitaria” y el 5% a las Universidades Públicas “de acuerdo con la distribución poblacional”; también del IDH (32% de la producción de hidrocarburos) el Estado recibe el 19%, los Gobiernos Departamentales el 10%, los Gobiernos Municipales el 35% y las Universidades Públicas el 7% (todos porcentajes aproximados), y, por último, de las Regalías por hidrocarburos (el 18% de la producción), el Estado recibe el valor del 6% y los Gobiernos Departamentales el 12%. (En ningún caso, había “algo porcentual” para las autonomías IOC). No hay que ser iluminado para entender que el Estado no quiere oír de reducir sus ingresos, ni aun de una repartición porcentual del 50-50 que ha sido la propuesta de Pacto Fiscal con los gobiernos departamentales (sería reducir sus ingresos). Y una distinta representatividad regional puede debilitar al oficialismo.

De la redistribución no realizada de los recursos fiscales y de la representatividad regional, considerando la migración interna en Bolivia que drena habitantes de la mayoría de los departamentos hacia el de Santa Cruz —la migración andina Santa Cruz la comparte con El Alto—, es indiscutible que todo el departamento de Santa Cruz y la ciudad de El Alto perdieron voces que los representen y defiendan y recursos para sus poblaciones. En lo del mestizaje —y a pesar de que el Censo de 2012 desvirtuó que Bolivia era un país indígena porque sólo menos del 42% se autorreconoció como tal, perforando el discurso indigenista del oficialismo—, el autorreconocimiento como mestizo hubiera drenado más ese menor porcentaje, porque el XI Censo identificó como población no-rural boliviana a más del 67% de los censados (para 2020, el Banco Mundial proyectó sobre el 70%).

Para el “próximo” Censo, vale igual toda la argumentación anterior: El Alto y todo Santa Cruz recibirán menos recursos (ya insuficientes) para sus crecientes poblaciones, lo que los limitará más para cubrir las necesidades de salud, educación, vialidad y servicios para sus pobladores —incluyendo las atribuciones transferidas sin correspondientes recursos que el Gobierno central les hace—, a la vez que no tendrán los necesarios defensores de su situación de acuerdo con la representatividad regional vigente; en contraparte, el Gobierno nacional mantendrá acogotadas a las autoridades departamentales y municipales de los entes proveedores de emigración con el chantaje de que un nuevo Censo —fotografía nacional— les reduciría recursos y representatividad. Del mestizaje, se enterraría el indigenismo como argumento de política de Estado.

No entraré en las mentiras —“todo está listo”, “es político el reclamo de que no puede haber Censo en noviembre”— ni en las argucias gubernamentales ni en los cainismos egoístas de autoridades que se dijeron “opositoras” en su momento. Porque más claro, agua.