Con los perjuicios enormes que representa para la región que más produce en el país, Santa Cruz paralizará hoy sus actividades. Lo hará en protesta por la postergación cuestionable del Censo de Población y Vivienda hasta 2024 cuando debía realizarse en noviembre próximo. La medida de fuerza fue adoptada en consenso por el Comité Interinstitucional que, a la cabeza de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), reunió a más de 300 representantes de entidades cruceñas.

Se consumieron cinco días hábiles sin ninguna respuesta del Gobierno de Luis Arce al pedido de una explicación técnica de fondo que justificara el diferimiento de la consulta censal. Una explicación puntual y transparente que también esperaban recibir los bolivianos porque su bienestar y porvenir dependen de los resultados de un proceso crucial que fue desvirtuado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que hizo un fiasco de los preparativos bajo su responsabilidad.

Poco tiempo antes de que el Consejo Nacional de Autonomías convocado por el propio jefe de Estado dispusiera, sin que fuera de su competencia, postergar el Censo, el INE había garantizado su realización falseando los hechos y ocultando información solicitada con insistencia por diferentes autoridades e instituciones para conocer los avances supuestamente logrados.

La ineptitud y negligencia de funcionarios del INE que no ha ameritado el pedido de un informe de sus actos ni al menos un llamado de atención, terminó impidiendo que la encuesta se lleve a cabo en el plazo previsto.

En las últimas horas, el presidente Arce convocó a los rectores de todas las universidades públicas del país. Lo hizo para hablar de investigación, tecnología y ciencia. El rector moreniano Vicente Cuéllar no desaprovechó la ocasión para entregar, dirigida al primer mandatario, una propuesta técnica documentada para organizar el Censo en un plazo menor a un año, en junio de 2023. En curiosa afirmación, sin conocer el documento referido, el vocero presidencial Jorge Richter dijo que el académico cruceño no tuvo una “enunciación clara” sobre el pedido de adelantar el Censo y ratificó su realización para 2024.

La falta de una respuesta necesaria y oportuna del jefe de Estado al planteamiento entregado por Cuéllar fue interpretada como menosprecio a Santa Cruz y, en consecuencia, quedó ratificado el paro en el departamento, una vez más solitario en su lucha y estigmatizado por gratuitos detractores.

El paro de este lunes pudo haberse evitado. No fue posible por posturas irreconciliables. La voluntad es clave para dialogar y encontrar soluciones pacíficas a los problemas, cualquiera sea su naturaleza.

Con rebatibles argumentos y observando ‘afanes políticos’ detrás de la medida, el Gobierno desestimó la importancia de alcanzar acuerdos dialogando con la institucionalidad de Santa Cruz que el centralismo está acostumbrado a tratar con desdén e indiferencia.