Ya no sorprenden las decisiones del gobierno central, quien con su forma de hacer política en el manejo de la cosa pública está cada vez peor; el cinismo, lo antiético y el interés grupal y partidario, está por encima del interés y servicio público.

¿Recuerdan hace algunos meses cuando el director del INE visiblemente molesto, respondía ante los medios que el trabajo precensal iba viento en popa y garantizaba su realización en 2022, ante las dudas y cuestionamientos técnicos de las instituciones cruceñas sobre su avance y calidad?.  Dicha desconfianza no era equivocada, ya que hoy el gobierno central y el desinstitucionalizado INE, pseudo argumentan que por factores climáticos, migratorios y otras cantinfleadas, no es posible realizarlo como establecía el D.S. No. 4546/21 y por tanto es mejor dejarlo para el 2024 con resultados que aplicaremos en 2030, decidiendo así a su antojo por sobre millones que esperaban el censo ya normado. Llama la atención que esta efímera y dañina decisión se tome con la servil venia de 8 gobernadores y varios alcaldes que incongruentemente aceptan la postergación de saber dónde están parados para distribuir recursos y cubrir las múltiples y urgentes necesidades de sus regiones, municipios y comunidades.

Ni hablar del marco normativo donde la organización económica, política fiscal y justa distribución de recursos depende de actualizar datos para planificar el desarrollo, mediante la realización de un censo recomendado por organismos internacionales cada 10 años; esa es la interpretación normativa que ha sido suprimida en los hechos por visibles componendas que acuerdan alegremente dejar de cumplir y cambiar los mandatos jurídicos que son para satisfacer de forma justa y precisa las necesidades urgentes de la población. Entonces ¿Dónde quedó la declaración de prioridad nacional del presidente Arce para realizar el censo en 2022?. Y es que no existe materialmente el estado de derecho en Bolivia y las acciones se toman en función a decisiones arbitrarias e infundadas de autoridades de turno en torno a sus intereses de poder.

El incumplimiento evidente en los plazos de realización del Censo, su tan necesario pacto fiscal y la redistribución de la representatividad política, tiene que tener responsables; las normas y sanciones están, pero el sistema judicial servil y corrupto no las aplicará. Ante ello como siempre, el departamento de Santa Cruz y su institucionalidad, se niega a seguir frenado en su desarrollo y postergado por un centralismo secante con funciones privativas y designaciones del nivel central que tranquilamente puede seguir poniendo excusas el 2024 y repostergarlo; por lo que siendo el más perjudicado al ser el centro migratorio, se obliga a tomar otra vez la iniciativa de protestar con todas los medidas de hecho que constitucionalmente estén a su alcance, hasta que el gobierno entienda y haga lo que se debe hacer en cualquier Estado civilizado...¡Cumplir y hacer cumplir la CPE y el ordenamiento jurídico por sobre los mezquinos intereses partidarios!. En este sentido resulta incomprensible que algunos vivientes de esta tierra, autoridades o no, estén a favor de semejante decisión dañina de postergación que atenta contra la realización de algo que beneficia a todos sin color político, por lo que no existe otra forma de consideración, más que de traidores del bienestar y crecimiento de su pueblo, si es que la verdad no espanta.

Por último, esta situación gubernamental de falta de ética pública que lidera el vocero presidencial con una verborragia emborrachante, tratando de justificar lo injustificable, induciendo a discusiones secundarias sobre quienes estaban presentes aceptando lo inaceptable bajo un falso consenso, resulta ya imposible de digerir y es una falta de respeto para quienes tienen dos dedos de frente; por lo que urge proponer el cambio radical que vaya desde la ética pública hasta una nueva forma de Estado, es decir una urgente descentralización plena y material.