El Gobierno y el MAS inician una nueva ofensiva en contra de la oposición desde cuatro flancos. En los últimos siete días, el oficialismo introdujo una nueva querella penal en contra de los principales líderes de la oposición por los hechos ocurridos entre octubre y noviembre de 2019; salió a las calles para enfrentar con dinamitas y piedras una marcha convocada por los médicos en La Paz, tres de los que manifestaron para exigir que se detenga la persecución política fueron enviados el viernes a la cárcel.

El jueves, en Santa Cruz, el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, denunció a través de las redes sociales que agentes de la Policía intentaban intimidarlo. Según el cívico, los efectos se apostaron, a las 23:00, cerca de la casa de su madre donde cumple arresto domiciliario. El fiscal departamental, Roger Mariaca, salió a desmentir. Dijo que era un procedimiento de rutina.

Además, esta semana también se conoció que el presidente Luis Arce aprobó un decreto supremo para permitir al “colaborador eficaz” de la justicia, una figura que estaba contemplada en la abogada ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas.

Este escenario ha desatado polémica entre los analistas. El debate se centra en el manejo de la justicia y en la división del MAS, real para unos e inventada para otros.

A decir del abogado constitucionalista y exparlamentario Carlos Börth, se desataron después de dos eventos fundamentales: Primero, la sentencia condenatoria en contra de la expresidente Jeanine Áñez, que ha devuelto la confrontación al escenario político, que había disminuido con la llegada de Luis Arce a la Presidencia en el debate si fue golpe o fraude. “El veredicto se emitió y se materializó la tesis del golpe de Estado, y el escenario de choque está en primer plano y en circunstancias peligrosas”.

El politólogo Daniel Valverde coincide en que hay una reedición de la conflictividad y la polarización en el país a partir de la sentencia.

El segundo aspecto, según Borth, es que los conflictos del MAS se desbordan del ámbito interno. Se enfrentan dos corrientes con posiciones ideológicas (Morales-Choquehuanca) y una tercera, político administrativa (Arce, aunque con intereses personales de postularse el 2025). “Es decir, rivalizan los radicales de Evo con los renovadores de David, pero el mandatario Arce requiere paz para desarrollar su gestión de Gobierno y para proyectar sus propias aspiraciones”, explicó.

En este escenario, se impone la línea radical del jefe del MAS y de los cocaleros. “Las otras dos facciones no pueden romper con esta visión que controla el instrumento”, complementó el constitucionalista.

El ala radical, explica, “tiene que ser fuerte. Las decisiones se imponen, ningún diálogo ni concertación con la oposición”.

Daniel Valverde puso como ejemplo la aparición de Gustavo Torrico, del ala dura de Evo Morales, como viceministro de Arce. “El Gobierno vuelve a apretar el acelerador y se le puede apagar la gasolina. Estudios nos indican que la ciudadanía espera escenarios de diálogo y concertación y el gobierno se aleja. Cuidado con las facturas”.

Börth advierte que la realidad ya no es la misma. El MAS no cuenta con los dos tercios y Arce necesita tener espacios mínimos de concertación con los opositores. “Él (Arce) quisiera que la distención continuara, pero le ganan Morales y su gente, que quieren volver a septiembre de 2019.

Marcelo Arequipa, analista político, tiene una visión completamente diferente. “Hay una acción conjunta, coordinada y consensuada entre el MAS y el Gobierno. Esas hipótesis de que existe un fraccionamiento no es tal, porque en las últimas semanas hemos visto fotos de reuniones de los tres líderes políticos del oficialismo”.

Cree que está en marcha una coordinación que tiene que ver con hacer política: “Resolver el juicio de Áñez por la vía ordinaria, porque el objetivo es buscar justicia. No hay imposición de un ala dura, sí un consenso interno saludable”.

El Gobierno de Arce, para Arequipa, sí genera consensos en temas específicos como el censo. “Lo hizo con el Consejo Nacional de Autonomías, también con los rectores de las universidades públicas. No vi un discurso duro del rector de la Gabriel René Moreno (de Santa Cruz) tras ese encuentro”.

Los hechos

El Comité Impulsor del Juicio por el golpe de Estado en 2019 formalizó otra denuncia contra Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, exministros del Gabinete de Jeanine Áñez; su exasesor Erick Foronda, un exministro de Goni, Carlos Sánchez Berzaín y dirigentes cívicos por los supuestos delitos de alzamiento armado, atribuirse los derechos del pueblo, conspiración, atentados contra el presidente y otros dignatarios de Estado, instigación pública a delinquir, organización criminal y genocidio.

Arequipa sostuvo que son temas que deben hacerse “porque no tuvimos al frente, en la Asamblea Legislativa, a una oposición con una buena estrategia para negociar, sólo se opuso a todo. La estrategia para resolver este tema fue asumida en consenso por el Gobierno, y es a través de la justicia ordinaria. Son vías de salida frente a minorías que intentan retrasar todo”, resaltó.

Para Carlos Börth, esos procesos judiciales no avanzarán, porque están incluidos todos los posibles candidatos opositores. Lo que al MAS le interesa es que todos ellos postulen en 2025 para fragmentar el voto, y no dudo que podrían incluso financiar alguna de esas postulaciones. Acuérdese, eso se va a caer con el tiempo”.

Valverde opinó que esto es político, “más que justicia, lo que se busca es generar un escarmiento. En el Gobierno de Áñez hubo excesos, abusos y muertes, es cierto, pero lo que pasa es que con el manejo de la justicia desde el Ejecutivo se genera desconfianza”, manifestó.

Una movilización fue interceptada el jueves por simpatizantes del MAS y del Gobierno, que interrumpieron el recorrido utilizando piedras, petardos, tomates y dinamitas. La Policía llegó tarde, y luego detuvo a ocho jóvenes activistas del 21-F y tres de ellos fueron enviados el viernes a prisión de forma preventiva por el lapso de tres meses.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, denunció que ellos forman parte del “grupo parapolicial y delincuencial” llamado Resistencia Civil La Paz. Dijo que “no se puede permitir que personas malintencionadas ataquen a periodistas y destruyan propiedad pública y privada usando como pretexto manifestaciones sociales”.

Los masistas, que fueron más agresivos el jueves, e incluso lanzaron cachorros de dinamita, se fueron tranquilos a casa.

Un grupo de agentes llegaron el jueves por la noche a la casa de Rómulo Calvo. “No van a venir a amedrentarme unos vasallos del Gobierno” y “les va a costar detenerme, ¡carajo!”, fueron algunas de las frases que el cívico, que cumple arresto domiciliario, expresó.

El viernes, el fiscal departamental, Róger Mariaca, dijo que fue“una inspección de rutina” solicitada por el Viceministerio de Transparencia para verificar que Calvo cumpla su detención domiciliaria.

Carlos Börth manifestó que la oposición, de todas formas no tiene peso. “Los que enfrentan en las calles al Gobierno y de forma tímida en la mayoría de los casos, son otras entidades. En Santa Cruz el comité cívico es fuerte, se suman las universidades en el caso del censo. En La Paz, tenemos a un Conade heterogéneo, que tiene de todo en su interior, pero con una dirección muy activa, que sale a cuestionar. Por eso es que la línea dura del MAS los enfrentó”.

Valverde, respecto a estos dos hechos, reiteró que simplemente “es la expresión de una justicia servil del poder político. El ala dura del MAS copa espacios para aniquilar cualquier movilización. Ellos quieren tener el control de las calles”.

Lo de Calvo, dijo en analista cruceño, es un tema coyuntural relacionado con el censo. “La persecución, el sometimiento, se siente en Santa Cruz. Esto sólo le pone leña al paro de este lunes”.

Por su parte, Arequipa reseñó las palabras del presidente del Colegio Médico Luis Larrea, “quien señaló que se soltaron a las hordas contra los ciudadanos. Los buenos y malos, civilizados y bárbaros. ¿Quién parte las aguas?, no he visto que los movilizados hayan sido pacíficos. No veo mala la alerta del gobierno, esos grupos no deben existir en el país para evitarque la violencia escale”.

El 13 de julio se promulgó el decreto 4757, y aprueba una guía eliminada de dos leyes, que establece que el ministerio de Justicia tiene todo el poder de definir quién podrá colaborar y quién no.

El analista Börth señaló que eliminar normas y aplicarlas de todas formas por decreto es un modelo venezolano. Recordó que en Bolivia la figura de colaborador eficaz estuvo no sólo en una, sino en dos leyes abrogadas, la del Código de Procedimiento Penal y la 1386 de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.

Valverde opinó que “habría que preguntarle el ministro de justicia si ese es el diseño de reforma judicial que impulsa ese despacho. Si su ministerio se convertirá en dependencia judicial y del Ministerio Público. En una acción de control de constitucionalidad, con certeza ese decreto tendría que ser declarado como inconstitucional”.

Arequipa consideró que lejos de que la oposición reclame, “debería alentar esta idea, a ellos convendría tener colaboradores eficaces para demostrar corrupción oficialista”.