La semana pasada se dieron al menos tres hechos que muestran que el Movimiento Al Socialismo apretó el acelerador de su aplanadora político-judicial para allanar el camino a su reelección en 2025, más allá de quién encabece la fórmula. Una aplanadora que, con tal de lograr su objetivo, viola derechos, manipula la ley, presiona en las calles e inventa historias para justificar una fantasiosa narrativa que cae por su propio peso: la del golpe a un presidente que renunció para huir del país tras haberse burlado del voto del soberano.

Por un lado, el autodenominado Comité Impulsor del Juicio por el golpe de Estado en 2019 presentó una demanda contra 25 opositores por alzamiento armado, atribuirse los derechos del pueblo, conspiración, atentados contra el presidente (Evo Morales), instigación pública a delinquir, organización criminal y genocidio. Por otro, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, uno de los mejor perfilados entre los opositores, fue sentenciado a un mes de cárcel por incumplimiento de deberes, en un caso que data de hace 25 años y tiene base en una expropiación por la que se pagó $us 10.000.

En medio de ambos hechos, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, otro líder opositor, fue acosado con una sospechosa visita policial a su casa a las 22:00 del viernes. El Gobierno explicó que sólo era para verificar si cumplía con su detención domiciliaria, pero el líder cívico no tiene dudas de que el objetivo era otro, ya que ocurrió cuatro días antes del paro convocado por la institución que dirige para reclamar por el aplazamiento del censo hasta 2024.

En este último caso, el oficialismo está decidido a hacer lo que tenga que hacer para que el censo no se realice antes, porque no quiere que se mueva la distribución de dinero y mucho menos de escaños en las elecciones de 2025. Necesita mantener las cosas como están para mantener el poder para sus líderes y con él la maquinaria estatal que genera empleos para sus militantes, sean capaces o incapaces.

En el caso de Reyes Villa, fue muy evidente que la arremetida masista comenzó cuando una encuesta publicada por Página Siete a fines de junio reveló que él y el presidente Luis Arce son los dos políticos con mayor nivel de aprobación, con 44% el primero y 46,3% el segundo.

El MAS no quiere sombras, así que reactivó el juicio de hace cuarto de siglo y logró la sentencia de un mes, lo que complicará la situación del alcalde en otros 14 procesos que enfrenta. Queda claro que buscan anularlo de una u otra forma.

El mismo objetivo persigue el proceso abierto contra los 25 opositores, entre los que se encuentran Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Luis Fernando Camacho, Samuel Doria Medina, Luis Revilla, Iván Arias y Marco Antonio Pumari, todos con una dilatada carrera política y liderazgo que incomoda al MAS y a su prorroguista jefe nacional.

Y no es que la continuidad sea mala en sí misma, pero cuando se monta un aparato para eliminar toda disidencia política utilizando los poderes del Estado, la elección pierde toda su legitimidad.

La estrategia del MAS va más allá. No quiere líderes que hagan sombra a su futuro candidato y tampoco que se abone el terreno para que surjan otros; es más, quiere erradicar la disidencia y prueba de ello es lo que ocurrió con las sentencias a algunos miembros de la Resistencia Juvenil Kochala y, recientemente, con el envío a prisión de tres jóvenes que salieron a marchar con petardos en mano y escudos y cascos para protegerse de la recurrente agresión de los grupos de choque oficialista.

Lo que el MAS quiere, en realidad lo que Evo Morales y su círculo radical quieren, es llegar a la elección de 2025 sin contrapesos, para seguramente extender su modelo autoritario “al infinito y más allá”, con una oposición neutralizada y un país con miedo de hacer frente a su modelo, como lo hizo en 2019.