La sentencia de un mes en contra del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, por el caso de la expropiación de un bien inmueble, complicará su situación legal en sus 14 procesos y busca anularlo como “rival político”, según su defensa y abogados.

Las repercusiones surgen luego de que la jueza del Juzgado de Sentencia No. 5 dispuso la sentencia por una expropiación de hace 25 años para la construcción de la avenida Circunvalación. La pena debe cumplirse en la cárcel de San Sebastián.

La denuncia fue interpuesta por el exalcalde Edwin Castellanos, del MAS, en 2013. El pasado viernes, el Viceministerio de Transparencia se sumó al caso, por lo que la jueza rechazó la prescripción.

Se acusó a Reyes Villa de acciones dilatorias en el pago de la indemnización. Sin embargo, los funcionarios que conocieron el trámite están fuera del proceso.

El abogado constitucionalista César Cabrera dijo que la sentencia agravará la situación jurídica de Reyes Villa en sus demás procesos.

Si bien es difícil que se use para inhabilitarlo como candidato en 2025, puede ser utilizada como antecedente para que el Ministerio Público pida su detención preventiva.

Explicó que la Constitución Política del Estado (CPE) establece que las personas con sentencia ejecutoriada pendiente de cumplimiento no pueden postularse, pero también permite que quienes cumplen su pena puedan ejercer sus derechos.

El artículo 234 de la CPE señala entre los requisitos para acceder a un cargo público: “no tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento”.

El jurista considera que, en realidad, esta sentencia busca que el Alcalde sea detenido preventivamente por otro caso, debido a que se usará como antecedente. El abogado remarcó que el proceso por un caso de hace 25 años debía estar archivado y vulnera el debido proceso, porque una persona no puede estar en “zozobra un cuarto de siglo” viendo si la van a procesar.

El abogado de Reyes Villa, Ronald Pinto, indicó que “cualquier sentencia le sirve al MAS para anular al rival político”. Anticipó que de ahora se buscará condenarlo en todos sus procesos.

Dijo que se planteó la excepción de prescripción acompañando pruebas, “lamentablemente la jueza rechazó la excepción argumentando que no se presentó, y cuando se le aclaró que sí se presentó la prueba, no supo cómo explicar su decisión y continuó incurriendo en prevaricato”.

Anunció que apelarán, pero además denunciarán por prevaricato a la jueza.

El juicio se instaló el pasado viernes y concluyó ayer en una audiencia virtual que duró dos horas. La lectura de la sentencia se programó para el miércoles 27 de julio.

El dictamen que el munícipe debe cumplir son la sanción “con costas, daños y perjuicios”, de acuerdo a un comunicado del Tribunal Departamental de Justicia.