Dos organizaciones sociales y parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS) condenaron la violencia “que ejercieron” cinco autoridades entre legisladores nacionales y municipales contra la mujer, pidieron a la justicia enviarlos a la cárcel si se encuentran indicios de su culpabilidad, incluso podrían ser expulsados del partido por violentos.

La trillada frase "caiga quien caiga" se escucha cada vez que surgen este tipo de denuncias, sin embargo, la mayoría de las autoridades electas denunciadas de violencia intrafamiliar siguen ejerciendo sus funciones desde sus curules. Dos diputados que son investigados por este delito asisten como si nada a las sesiones del Legislativo.

El ejecutivo departamental de las 20 provincias de La Paz, Luciano Marca, aseveró que no pueden actuar directamente para sancionar a los militantes del partido azul acusados de violencia contra la mujer, pero esperan que las autoridades jurisdiccionales sancionen a esas personas conforme al grado de culpabilidad y en el marco de la ley.

“Caiga quien caiga, la ley tiene que ser para todos. Yo creo que si están haciendo esas barbaridades, que vayan a (la cárcel de) Chonchocoro, nosotros no podemos defender a esos malhechores (…) como diputados y asambleístas, la ley es caiga quien caiga”, declaró Marca a la ANF.

Dijo que su organización como parte del instrumento del partido azul respetan a la dirigencia nacional y a las diferentes instancias de sanción ética, y recomiendan el cumplimiento de las normas.

En una recopilación de información, la ANF identificó al menos cinco autoridades legislativas involucradas en violencia física, sexual y económica en contra de sus parejas, además de un funcionario de la ALP que sería el asesor de un parlamentario nacional que también fue denunciado de agresiones.

Se trata del senador Hilarión Padilla Mamani; los diputados Abelardo Colque Vicente y Froilán Mamani; y de los concejales de los municipios de El Alto y Mairana, Daniel Ramos y Gilberth Tapia Córdoba.

La representante de la agrupación afín al MAS Sarañani, Cristina Oquendo, al ser consultada sobre estos casos se mostró indiferente, alegó que no conocía las denuncias, aunque al final dijo que como mujer rechaza la violencia. 

“Yo voy a defender a las mujeres siempre, no puede haber violencia hacia las mujeres, pero no sé al respecto (de los legisladores) y no puedo decir nada de algo que no sé”, indicó. “Debería investigarse bien y si han cometido ese error deberían ser expulsados”, respondió ante la insistencia.

La agrupación afín al MAS se pronunció durante esta semana en contra de las movilizaciones anunciadas por los grupos cívico-populares y en contra del paro anunciado por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz que está previsto para el 25 de julio.

El senador oficialista Isidoro Quispe dejó en manos de la justicia el castigo para los legisladores acusados de violencia contra la mujer, pero no descartó que el tribunal de ética de su partido pueda tramitar su expulsión.

“Se puede (hablar de expulsión) y es posible porque son errores graves. La Asamblea debe definir esa situación, hay asambleas del directorio, también están las mayorías”, señaló Quispe.

El diputado Juanito Angulo manifestó que respeta a las autoridades competentes y no encubrirá los hechos de agresión. Si en el MAS se castiga o no este tipo de conductas, el parlamentario aseveró que existen las instancias correspondientes y solicitará información del tema.

“No se permitirá, tampoco se protegerá a aquella persona o servidor público que esté involucrada en un hecho de violencia, más aún sobre la mujer, tiene que ser procesada. Nosotros respetamos a las autoridades competentes”, indicó.