Hace muy poco, y de manera categórica, altos funcionarios descartaron cualquier posibilidad de postergación del Censo Nacional de Población y Vivienda. El progreso del cronograma para la preparación de tal evento —dijeron— estaba cumpliéndose rigurosamente. Pero esto es Bolivia, y en este país son raras las cosas que se cumplen. Porque hace solo algunas semanas ya hubo renunciado el director del Instituto Nacional de Estadística, lo cual era una mala señal, aunque se trató —como siempre— de maquillar con subterfugios baladíes los verdaderos motivos para haber dado ese paso, el cual, finalmente, no fue aceptado por el presidente Arce.

Después se produjo la renuncia de la ministra de Planificación, lo que confirmaba que el censo fijado para el 16 de noviembre de este año era un asunto que para el Gobierno sería mejor no tocar; y, de no ser porque existe una ley que obliga a realizarlo cada diez años y una validación expresada en el DS 4546 de 21 de julio de 2021 que lo declara prioridad nacional, él nunca se materializaría. En resumen, el Gobierno garantizó su verificativo desahuciando cualquier insinuación de una postergación, ya anticipada, dicho sea de paso, por los políticos de oposición.

Lo evidente es que todo Estado requiere un estudio estadístico periódico de su población: de sus condiciones de vida, sus ingresos, su grado de educación y de su acceso a la salud pública o a la propiedad. Y no menos importantes son las estadísticas relacionadas a la edad, lugar de residencia y varios otros tópicos que la complejidad de su ejecución no justificaría hacerla con información elemental que no significaría mayor contribución a la implementación de planes, programas y proyectos, así como a la definición de la inversión pública y las políticas de
Estado como sus finalidades esenciales.

Pero tampoco podemos engañarnos. El censo ahora postergado tiene también otras connotaciones que no se limitan a lo técnico, como con candorosas argumentaciones se nos quiere hacer creer. Y tampoco esos intereses, que en apariencia son solo de políticas públicas, se quedan ahí, porque lo cierto es que trascienden a réditos político-ideológicos. Más aún: a ventajas
partidistas.

Y es que aun si fuera evidente la reciente postergación “consensuada”, el aplazamiento del acto censal no exime de la responsabilidad que tiene el Gobierno en el retraso de cronogramas. Pues esto del prolongado estiramiento para su celebración, no solo contraviene criterios y especificaciones técnicas universales, sino que de por medio está –a no dudarlo– el conflicto que supondrá, luego de conocerse los resultados, la asignación de recursos económicos a las regiones producto de un pacto fiscal que algunas de ellas, como el departamento de Santa Cruz, no puede dejar en suspenso por más
tiempo.

La redistribución de la representación parlamentaria es un asunto que ningún gobierno quisiera afrontar; una de las razones es que habrá regiones que perderán algunos asambleístas y otras, como Santa Cruz, que incrementarán su presencia en la Asamblea Legislativa, lo cual es legítimo desde cualquier óptica política y legal desde todo ángulo constitucional.

Pero el intríngulis para el partido de gobierno se agrava porque, con la inevitable mayoría en la Cámara baja que Santa Cruz tendrá de acuerdo con las proyecciones demográficas que se conocen, apoyadas en la masiva migración de bolivianos del interior a esa región, el Movimiento Al Socialismo tiene sobradas razones para preocuparse, no obstante el innegable crecimiento de militantes que en los últimos diez años ha tenido en el oriente, porque todavía hay un predominio de corrientes ultraconservadoras, que en determinadas circunstancias enmarcadas en democracia pueden ser inevitablemente catastróficas para las expectativas de prolongación casi infinita proclamadas por Evo Morales.

Por último, la tabulación de datos de esta dimensión de estadísticas no se hace de la noche a la mañana, por lo que es muy probable que la nueva composición parlamentaria no rija en el siguiente periodo constitucional.